El próximo 1 de octubre volverá a ser otro día “histórico” en Cataluña. En el último lustro resulta difícil no perder la cuenta de la cantidad de días históricos que se han producido en España relacionados con la pretensión soberanista del gobierno de la Generalitat. Nada se convierte en histórico por el mero hecho de calificarlo como tal, si el hecho en sí no reúne los requisitos que le hacen merecedor de esa categoría. Durante estos cinco años ha habido declaraciones que se han ido asentando en la opinión pública a fuerza de ser repetidas una y otra vez hasta la extenuación hasta enmarcar el contexto discursivo en el que se ha dirimido, en buena medida, el debate.

1. El gobierno del PP es una máquina de crear independentistas. La razón que invocan quienes repiten esta proposición se sostiene en diferentes sondeos de opinión elaborados por solventes instituciones y que reflejan un aumento del sentimiento independentista desde que el Partido Popular (PP) llegó al poder. Establecen, por tanto, una relación causal entre ambos hechos. El gobierno del PP es la causa, y el aumento del sentimiento independentista es el efecto. Al establecer este tipo de razonamiento, conviene no confundir causalidad con correlación. Que dos hechos puedan estar relacionados no implica necesariamente que uno sea el causante del otro. Para evitar incurrir en este error, es preciso determinar si lo que consideramos “causa” es la única capaz de provocar ese efecto. Si así fuera, deberíamos poder asegurar que, por ejemplo, la crisis no ha agudizado la sensación de un trato injusto en materia económica hacia Cataluña por parte del Estado. O que, por ejemplo, los partidos políticos independentistas no han sabido aprovechar esa crisis económica y otros enfrentamientos con instituciones del Estado para obtener una rentabilidad política favorable a su causa. A juzgar por lo ocurrido, no parece razonable establecer que la sola acción del gobierno del PP haya sido la causa sino una de las causas; quizá preferente, pero no la única.

2. El pueblo catalán tiene derecho a decidir. Lo que se invoca como un derecho, sencillamente no existe. Se trata de una construcción retórica con un extraordinario potencial comunicativo que evita referirse al derecho real que se propugna: el de autodeterminación. Sin embargo, la legislación internacional es muy clara respecto a quiénes son los depositarios de este derecho: los pueblos sometidos a colonialismo; los sometidos a una dominación extranjera que emplee la fuerza y la ocupación militar; las minorías que sufren una violación sistemática de sus derechos; los grupos étnicos o minorías reprimidas; y los grupos que se diferencian de un Estado a los que no se permite ningún ejercicio de autogobierno. Habría que forzar mucho la realidad para poder encuadrar a Cataluña en alguno de esos supuestos.

3. El gobierno de la Generalitat tiene la legitimidad para convocar un referéndum. El gobierno de Cataluña considera que esa legitimidad (que no legalidad, porque se trata de una iniciativa reservada al presidente del gobierno) viene dada por los resultados de las elecciones autonómicas del 2015 que fueron convocadas con carácter plebiscitario en torno a esa cuestión. Sin embargo, en un plebiscito importan los votos, no las mayorías parlamentarias. Y los votos a favor de la consulta (47.78%) fueron menos que los obtenidos en contra (52.22%).

4. No hay nada más democrático que votar. Desde luego que lo hay: votar cuando y como autorice la ley que, además, es la aprobada por el Parlamento como consecuencia de unas elecciones y que, más aún, también establece los criterios para ser modificada. Tan es así que el propio Parlament ha aprobado sus leyes para dar cobertura al referéndum, lo que supone reconocer implícitamente que no sólo basta la legitimidad y “poner las urnas”, sino que es necesaria la legalidad, y que esa ley es una condición indispensable y previa para ejercer el democrático derecho al voto.

5. Las cuestiones políticas se deben resolver en el ámbito político y no en los tribunales. Así expuesta, la afirmación parece de sentido común. Pero no lo es. El gobierno de la nación aprobó una amnistía fiscal, aprovechando su mayoría absoluta. Esa cuestión política fue resuelta en el Tribunal Constitucional, que sentenció la inconstitucionalidad de la decisión. Ahora bien, si la expresión pretende significar que un tribunal debe ser la última instancia donde resolver las diferencias políticas, entonces no hay nada que objetar. Pero para que eso sea así, España debería haber tenido un gobierno más dialogante y una Generalitat menos intransigente. EstePaís

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JULIO CÉSAR HERRERO es profesor universitario, periodista y director del Centro de Estudios Superiores de Comunicación y Marketing Político.