Constatar que lo que existe en Venezuela nada tiene que ver con una democracia y que cumple, punto por punto, con las características de un Estado autoritario, provoca una extraordinaria pereza intelectual. El reducido y perseguido papel de la oposición (encarcelada sin miramientos, sin garantías procesales básicas, carente de derechos para ejercer la supervisión del Ejecutivo); la ausencia de mecanismos de control más elementales; la falta de alternancia en el poder (no porque la población quiera que lo siga ostentando el mismo —lo que es legítimo—, sino porque el sistema se ha ido adaptando para hacerla imposible) son las tres evidencias que permiten demostrar la conclusión expuesta inicialmente. En todo caso, y por si las razones no fueran suficientes en número o en contundencia, conviene añadir: el cierre por decreto de medios de comunicación críticos con el chavismo, la falta de procesos electorales libres (como constatan los observadores internacionales independientes) o el establecimiento de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 —inconstitucional y que busca sustituir a la Asamblea Nacional—.

Incluso sin tener en cuenta la terrible situación económica —de la que sólo es responsable quien dirige el país—, sobran los motivos para la acción internacional, aunque sólo sea por caridad. España ha decidido liderar la exigencia a la Unión Europea (ue) de sancionar a Venezuela. Los intereses económicos en esa región, los lazos históricos que unen a ambos países y la vinculación personal de cientos de miles de personas —así como la emocional de millones— justifican la iniciativa algo tardía. Como consecuencia de la presión en el seno de la ue, a finales de enero, el Consejo de Ministros de Exteriores impuso a siete altos dirigentes y funcionarios venezolanos la congelación de sus activos en los países miembros así como la imposibilidad de entrar en territorio comunitario.

Nicolás Maduro, el chavismo en general y los afectados en particular calificaron las sanciones de “injerencia” (uno de sus principales pilares discursivos), lo que no deja de tener cierta gracia, toda vez que la ue no se inmiscuye en asuntos internos de Venezuela, sino en los intereses que algunos venezolanos pudieran tener en la propia ue. Como consecuencia de esa “injerencia en los asuntos internos” el gobierno bolivariano declaró persona non grata al embajador español y lo expulsó del país. El gobierno español hizo lo mismo con el embajador de Venezuela en España. Se trató de una medida “proporcional y recíproca”, según las declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores español.

La proporcionalidad en el ámbito de la diplomacia es la ley del talión en el Antiguo Testamento. Con una expresión más blanca, más suave… pero se refiere al pago con la misma moneda. Es uno de esos términos que resultan engañosos. Da la sensación de que lo que es proporcional está bien; es correcto; es justo. Sin embargo, la proporcionalidad no guarda relación con la equidad, la conveniencia ni la pertinencia. Simplemente describe el alcance de la medida; pero nada más. Afirmar que se responderá con “proporcionalidad” es lo mismo que asegurar que se hará exactamente lo mismo que lo que provoca la reacción. No obstante, es un término que reviste todo de aparente criterio, objetividad y ecuanimidad.

El gobierno español debió haber dado una respuesta desproporcionada… en términos diplomáticos. Hacer lo mismo que quien rige de forma autoritaria un país no es la mejor manera de ganar autoridad moral. Responder a una provocación con una medida igualmente contundente (la primera de estas características en la historia de la diplomacia hispanovenezolana) no sólo no ayuda a encontrar soluciones, sino que contribuye al estancamiento del problema porque legitima el discurso del enemigo exterior y agudiza la crisis.

Si España rompe relaciones diplomáticas cierra cauces de diálogo y alimenta la idea de enfrentamiento que busca Maduro, para justificar así la necesidad de unirse en torno a él y de adoptar medidas “excepcionales” que exceden los más elementales principios democráticos —casualmente, días después de haber anunciado la celebración de las elecciones presidenciales—. Hay pocas muestras de genialidad en el discurso y en la actitud política de Nicolás Maduro. Sigue, paso a paso, los once principios de la propaganda de Goebbels. En Europa deberían conocerse bien, aunque sólo fuera por proximidad; no caer en ellos, aunque sólo sea por los millones de venezolanos que no pueden esperar más, y no adoptar decisiones simples y viscerales, aunque sólo sea por no parecerse al limitado sucesor de Chávez.  EP

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Julio César Herrero es profesor universitario y director del Centro de Estudios Superiores de Comunicación y Marketing Político. Combina su actividad docente y de investigación con el periodismo. Es analista en tve y especialista en argumentación y pensamiento crítico.