Existe consenso de la mayoría de los mexicanos en que la corrupción se ha convertido en uno de los principales problemas en los últimos años en México, sin dejar de reconocer que anteriormente existían escándalos de corrupción en otros gobiernos, pero de menor frecuencia y magnitud.

Debido a lo anterior, se entiende que la corrupción ha sido el tema central en la campaña para presidente de la República y en la bandera que han enarbolado los partidos políticos para captar el supuesto “voto de castigo de la ciudadanía” en contra del partido en el poder.

La corrupción como uno de los principales problemas de México

Cabe destacar que como muestra de la importancia de combatir de manera urgente la corrupción, se presentan los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2013 y 2017, elaborada por el INEGI,[1] referente a los principales problemas sociales que se enfrentan hoy en día, y que se aplicó a la población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes. Ésta dio como resultado que la corrupción es el segundo problema más grave (al aumentar la percepción en poco más de ocho puntos porcentuales de 2013 y 2017, ver Gráfica 1) sólo por debajo de la inseguridad y delincuencia.

Por otra parte, en un comparativo del desempeño de México se analizan los índices internacionales de medición de la corrupción. En todos ellos se observa una tendencia en donde nuestro país tiene una drástica caída en la posición que ocupaba en el periodo de 2012-13, es decir, cuando inició el sexenio de Enrique Peña Nieto. Para efectos de la interpretación de dichos índices, el lugar 1° significa la nación con la menor corrupción del mundo.

Como se muestra en los gráficos 2 y 3, México descendió de manera abrupta en los rankings de los índices internacionales de medición de la corrupción, en los tres indicadores que se retomaron del Índice Global de Competitividad del Foro Económico de Davos (favoritismos en decisiones de gobierno, desvío de recursos públicos y pagos extraoficiales y sobornos), así como en el indicador de ausencia de corrupción que pertenece al Índice de Estado de Derecho de World Justice Proyect, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, el Índice de Corrupción de PRS Group y el indicador de control de corrupción del Índice de Gobernabilidad del Banco Mundial. 

En la Gráfica 4 se intenta resolver la limitación referente al número de países que son evaluados en cada índice o indicador,[2] mediante un análisis de los resultados y rankings de los países transformándolos a cuartiles y percentiles; es decir, se ordenaron las naciones por la posición obtenida en los índices internacionales de corrupción en dos periodos —2012-2013 y 2016-2018—, y se realizaron particiones con respecto a la clasificación y al resultado de los indicadores de cada país.[3] 

En este sentido, México se acerca cada vez más a los países más corruptos del mundo en tan sólo cinco años (de 2012 a 2017), pues en la última medición de los indicadores de favoritismos en decisiones gubernamentales nuestro país se ubica en el grupo del 6% de las naciones más corruptas (en el año 2012-13 estábamos casi a media tabla, es decir, en el percentil 49), en desviación de fondos públicos del Foro Económico de Davos (en el 7% más corruptas y antes en el percentil 53) y en el indicador de ausencia de corrupción (en el 10% de las naciones más corruptas y antes en el percentil 24). Por otra parte, en el indicador de Corrupción de PRS Group (en el 13% más corruptas y antes en el percentil 39), en el control de la corrupción del Banco Mundial, en el Índice de Percepción de la Corrupción y en el indicador de pagos extraoficiales y sobornos, en todos estos indicadores, México está dentro del 23% de los países más corruptos del mundo.

Los resultados de todos los índices considerados en este análisis permiten verificar el aumento de la corrupción y la pérdida de posiciones de México en los índices internacionales en los últimos cinco años (de 2012 a 2017), los cuales ponen en evidencia y contradicen las afirmaciones oficiales de Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública, en donde minimiza el problema de la corrupción como una percepción de las redes sociales, como lo señaló en la comparecencia que tuvo en la Cámara de Diputados a finales de 2017, mencionando lo siguiente: “La corrupción viene de décadas atrás y que ahora se hace más notoria la percepción por motivo de todas las redes sociales, y que sí nos ayudan mucho y pueden ser un detonante importante, también en ocasiones, desvirtúan un poco la realidad”.[4]

Evaluación de las propuestas anticorrupción de los candidatos a la Presidencia de la República

Para evaluar las propuestas en el combate a la corrupción de los cuatro candidatos a la presidencia de la República, se realizó un análisis de las prácticas[5] más frecuentes en la Administración Pública de los tres órdenes de gobierno y las acciones prioritarias[6] que se deben implementar para reducir el problema de la corrupción en nuestro país.

Con relación al soborno, la extorsión y el cohecho, ningún candidato presentó soluciones para reducir dichas prácticas tan frecuentes en México. Tampoco se tuvieron acciones en contra del favoritismo en decisiones de los funcionarios públicos, sobre todo en contrataciones públicas, así como para evitar la partidización en la toma de decisiones en el empleo, cargo o comisión.

En la práctica de corrupción del conflicto de interés, solamente la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES), que encabeza Andrés Manuel López Obrador, propone una Ley Federal de Combate de Conflicto de Interés, que se incorporen mecanismos de prevención, se apliquen sanciones drásticas y se prohíba a los servidores públicos y sus familiares hasta en un cuarto grado de consanguineidad cualquier vinculación con contratistas, inversionistas o empresarios nacionales e internacionales para cualquier tipo de negocios privados, aunque no se mencionan las estrategias de cómo se podría realizar. Tampoco se establecen los criterios, reglas que deberán seguir los servidores públicos para no incurrir en el conflicto de interés real o aparente, así como la sanción que tendría por el ocultamiento del conflicto de interés.

Esta propuesta de la coalición “Juntos Haremos Historia” es interesante debido a que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la parte relacionada con el conflicto de interés se encuentra limitada, pues solamente se define y obliga al funcionario a informar a sus jefes inmediatos para que se excuse o se abstenga de intervenir en los asuntos a dicho servidor o en participar en la atención, trámites o resolución.

Cabe señalar que ninguno de los candidatos hace planteamientos preventivos para disminuir la corrupción, los cuales pueden enfocarse desde lo educativo (cursos de ética en las escuelas para transformar la cultura de la corrupción) o establecer controles internos que identifiquen los riesgos de corrupción en las instituciones.

En cuanto a los valores y los códigos de ética para el combate a la corrupción, López Obrador hace referencia a que debe fortalecerse el hábito de la honestidad (gobernar con honestidad; si el presidente no es corrupto, servirá de ejemplo para que todos los demás funcionarios públicos no lo hagan). Aunque es una iniciativa necesaria, no es suficiente para disminuir las prácticas de corrupción, ya que los seres humanos tenemos potencialidades de corrupción: somos factibles de corromper o de que nos corrompan, por lo que es indispensable crear políticas efectivas en la materia.

En este aspecto, también Jaime Rodríguez Calderón propone “cero tolerancia a la impunidad”, a través de castigos ejemplares a funcionarios que incurran en actos deshonestos (“al que robe hay que mocharle la mano”), es decir, como las medidas radicales que se aplicaron en Singapur para reducir la corrupción con éxito en el año de 1952, aunque en este país las sanciones eran con pena de muerte o cadena perpetua.

Con respecto a las mejoras regulatorias y a la reducción de los riesgos de corrupción que se relacionan con las barreras a los trámites, las asimetrías de la información y la automatización en licencias, concesiones, trámites, procesos y servicios no fueron retomadas por ningún candidato, debido a que la corrupción genera gastos a los hogares.

Otra de las acciones importantes para disminuir la corrupción es el instrumento de las sanciones. Para José Antonio Meade es necesario “aumentar las penas a los funcionarios públicos deshonestos”, y Ricardo Anaya se enfoca en “cárcel y muerte civil para los corruptos”, es decir, que el servidor público que haya cometido un acto grave de corrupción no volvería a ocupar un cargo público, lo que pudiera ser un ejemplo efectivo para disuadir a los servidores públicos de participar en actos de corrupción.

Sin embargo, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), del año 2000 a marzo de 2018 esta institución ha presentado 930 denuncias formales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por posibles hechos de corrupción de servidores públicos en el manejo de recursos públicos. Es importante resaltar que la PGR sólo ha logrado que 10 de esos casos lleguen a juicio y en ninguno se ha dictado sentencia (con cárcel para el funcionario que cometió un delito de corrupción) en casi 19 años (ver Gráfica 5). La probabilidad de que una denuncia penal de la ASF por un acto de corrupción de un servidor público llegue a un juicio es de apenas 1.07% (es decir, 1 de cada 100), y de 0% para que se dicte sentencia (que el corrupto pague una condena en la cárcel). Es importante señalar que el 89.4% de las 930 denuncias penales remitidas por la ASF se han concentrado en el periodo del año 2012 al mes de marzo de 2018, que forma parte del sexenio de Peña Nieto.

En el contexto actual de México, y con base en los datos anteriores, el problema no se resuelve con aumentar las penas o con la muerte civil para los funcionarios públicos corruptos, debido a que hasta el momento nadie llega a la cárcel; más bien estas medidas serían una tarea pendiente cuando se mejore la efectividad de los procesos judiciales (comprobación de actos de corrupción a los servidores públicos, se les dicte sentencia y pisen la cárcel). Entonces, habría que centrarse en el proceso en que son consignados los servidores públicos y de qué manera se recuperarán los recursos y bienes producto de la corrupción, en aumentar la probabilidad de aplicar sanciones a los funcionarios públicos, en mejorar los procesos claves en las acciones judiciales y la persecución de los funcionarios públicos que violaron la ley. No sólo la autonomía y la dependencia de la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción resuelven el problema.

El contar con una PGR sometida al poder político seguiría dando resultado mediocres en la parte del proceso de aplicación de sanciones y en la persecución de los servidores públicos corruptos que van desde la lentitud, saturación, obstrucción e incapacidad con que la PGR investiga los casos (en la mayoría de ellos lo hace de manera premeditada), en donde casi 7 de cada 10 de las denuncias se encuentra en proceso; poco más de una de cada 10 tiene retrasos con toda la alevosía y ventaja para permitir que servidores públicos no sean castigados; una de cada 10 se postergan por años o que se archivan hasta la interposición de amparos de parte de los probables responsables que frenan los procesos, y una de cada 10 las regresan los jueces debido a que consideran que las averiguaciones previas no están bien integradas (ver Gráfica 6).
La propuesta de López Obrador sobre las sanciones se centra en promover una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales para ampliar la figura de “acción penal por particulares”, de manera que cualquier persona física o moral pueda ejercer acción penal sobre delitos por hechos de corrupción”. No obstante, con las reformas constitucionales al artículo 113 constitucional en 2015, ya se consideran las faltas graves de los particulares por actos de corrupción que se plasman en los artículos 65 a 73, y las sanciones se establecen en los artículos del 81 al 83 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero no en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Con respecto a la declaración patrimonial, en la propuesta de la coalición que forma PRI-PVEM-PANAL de hacer obligatoria la certificación patrimonial para los altos funcionarios y legisladores (la 7 de 7 será obligatoria) existen varios problemas para que la medida sea efectiva. Un obstáculo principal son los graves problemas que se tienen con las políticas anti lavado de activos que son responsabilidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la PGR. Financial Action Task Force (FATF) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI), en su informe sobre México de 2018, señalan lo siguiente:

Hasta hace relativamente poco, la PGR no consideraba la identificación e investigación del Lavado de Activos (LA) como una de sus prioridades clave. El LA no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva, caso por caso, sin perjuicio del hecho de que recientemente se realizaron algunas investigaciones de alto perfil. En vista de las serias amenazas que representan los principales delitos determinantes (por ejemplo, la delincuencia organizada o el tráfico de drogas), las autoridades competentes parecen otorgar mucha más prioridad a la investigación de estos delitos que al LA. Consecuentemente, la cantidad de acciones penales y condenas por casos de LA es muy baja. Se detectaron deficiencias significativas en el modo en que se investigan los casos de LA. Específicamente, solo muy raramente se realizan investigaciones financieras paralelas y el LA rara vez es perseguido penalmente como un delito autónomo.

Una preocupación grave a lo largo de todos los sectores es que se identifica al beneficiario final solamente en forma limitada, influyendo sistemáticamente en la efectividad de las entidades en relación con la evaluación y la gestión de los riesgos de lavado de activo y financiamiento al terrorismo (LA/FT). En gran medida debido a las debilidades en el marco jurídico, las instituciones financieras (IF) intentan identificar a los beneficiarios finales solo en circunstancias limitadas (las autoridades han promulgado modificaciones a la normativa que, según afirman, abordan esta deficiencia, pero dichas modificaciones no se encontraban vigentes al momento de la visita in situ). Cuando las IF deben identificar a los beneficiarios finales (personas jurídicas consideradas de alto riesgo y personas físicas), las IF depositan una confianza indebida en la auto declaración de los clientes para identificar a los beneficiarios finales. Para la mayoría de las personas jurídicas que no están categorizadas como de grado de riesgo alto, las IF solamente tienen información sobre la propiedad legal superficial de los clientes corporativos sin buscar alcanzar a las personas físicas que, en última instancia, poseen o controlan la entidad. La apreciación por parte de las profesiones y actividades no financieras designadas generalmente creen que no es su función identificar a los beneficiarios finales.[7]

Además, las conclusiones del informe del GAF y GAFILAT mencionan que existe poca cooperación entre organismos en materia de LA, en particular entre la PGR y las AOP en el ámbito federal y estatal, lo que dificulta la capacidad de México para abordar los casos de LA en forma efectiva. Hasta el día de hoy, el GAF y GAFILAT han hecho recomendaciones de políticas en contra de lavado de activos al gobierno de México, pero no todas han sido atendidas hasta el momento.

Por otra parte, el Índice de AML 2017, elaborado por Basel Institute on Governance, mide el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de los países con base en fuentes disponibles públicamente. Un total de 14 indicadores que se ocupan de las regulaciones, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, la corrupción, las normas financieras, la divulgación política y el estado de derecho se agregan en un puntaje general de riesgo. El índice está diseñado para indicar el nivel de riesgo, es decir, las vulnerabilidades del lavado de dinero en un país. México tuvo un nivel de riesgo medio en el año 2017, con una calificación de 5.75 (0 significa nada de riesgo y 10 alto riesgo), y la posición 84 entre 146 países (donde el lugar 1 es el país con mayores riesgos y el 146 el de menores riesgos). Cabe destacar que en este índice se registró un ligero aumento (en 4 años) que significa mayor riesgo, debido a que, en 2013, la calificación de nuestro país fue de 5.70 y se ocupó el lugar 86 de 146 naciones consideradas en el estudio (ver Mapa 1).

De acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), solamente 3 de 2 mil 26 averiguaciones que inició la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero, en 2016, culminaron en sentencia a favor del Estado,[8] lo que representó el 0.1%. Dentro de las 98 averiguaciones previas consignadas y que fueron sentenciadas por un juez, 36 están pendientes de condena; en 2 se presentó una impugnación; mientras que 57 fueron devueltas debido a la ineficaz integración del expediente, y las autoridades encontraron 60 presuntos casos de lavado de dinero, de julio de 2013 a julio de 2017. Cabe señalar que de las 2 mil 26 carpetas que se iniciaron por delitos de lavado de dinero, se revisaron por parte de la PGR 444 casos (21.9 por ciento), mientras que mil 585 (78.1 por ciento) quedaron pendientes, lo que se considera un rezago considerable.[9]

Dentro de las principales deficiencias que detectó la ASF en contra del lavado de activos, principalmente como producto de actos de corrupción, se observó que los sujetos obligados a reportar al SAT las operaciones sospechosas no lo hacen o lo realizan de manera parcial; el personal de la PGR cuenta con poca capacitación para presentar pruebas en contra de los acusados en temas que requieren expertos, como son los casos del combate contra los delitos financieros, y donde se presentan carencias en el proceso que se centra en la investigación, en la integración de carpetas y en los que se tienen pocos jueces especializados para atender este tipo de asuntos. También se tiene deficiencias de la institución en la persecución del delito y la inexistencia de manuales.

Debido a lo anterior, la certificación patrimonial de los altos funcionarios y legisladores no podrá tener éxito o no será lo eficaz que se requiere, sin la implementación de políticas efectivas de anti lavado de activos,[10] problema que es responsabilidad de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, cuyo secretario era el actual candidato de la Coalición “Todos por México” (PRI-PVEM-PANAL).

En otra de las propuestas de José Antonio Meade, se presenta que el SAT, la SHCP y el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrían que formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción, aunque no se explican las funciones que cumpliría cada una de estas instituciones en el combate de la corrupción. Se percibe que el SAT se enfocarían a investigar “empresas fantasmas” que han participado y pudieran obtener licitaciones públicas y adjudicaciones directas en contrataciones gubernamentales, como en los escándalos recientes de la Estafa Maestra, y las adjudicaciones directas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en servicios con sobreprecios donde se triangularon recursos a “empresas fantasmas” a través de universidades públicas.

Otro de los graves problemas que no fueron considerados por los candidatos, con excepción de Anaya Cortés, es el financiamiento ilegal a campañas políticas con recursos públicos que es uno de los temas urgentes por resolver. Para Anaya, es necesario crear un sistema de fiscalización de dinero en la política para sancionar el uso de dinero ilícito en el rebase de topes de campaña y que permita dar seguimiento con herramientas de inteligencia financiera en todo tiempo. Sin embargo, no se explica de qué manera se implementaría el sistema de fiscalización para evitar la utilización de recursos públicos de compras gubernamentales en campañas políticas.

En los últimos años se ha incrementado la corrupción mediante el financiamiento ilegal de campañas políticas a cambio de promesas de contratos públicos, como parecen ser los casos de Odebrecht, OHL en el estado de México, o la simulación de compras gubernamentales realizadas en los gobiernos de los estados de Chihuahua y Veracruz, a través de empresas fantasmas, dirigiendo los recursos públicos a campañas locales y federales. Debido a lo anterior, la propuesta se enfoca a una mayor fiscalización y detección de los ingresos que reciben los partidos políticos de manera ilegal.

Una condición necesaria pero no suficiente para combatir la corrupción en México es modificar el artículo 102 constitucional para contar con una Fiscalía General de la República especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción autónoma con independencia del poder político, así como realizar cambios al artículo 108 para eliminar el fuero al presidente de la República y que éste pueda ser juzgado por actos de corrupción. En estas dos propuestas existe consenso de las tres principales coaliciones políticas, aunque Rodríguez Calderón (el Bronco) no señala nada al respecto en su plataforma. Sin embargo, el día 29 de enero de 2018, el candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia” presentó las ternas para los cargos de Fiscal General de la República, Fiscal Anticorrupción y Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales que impide que se cumpla con su propuesta de darle autonomía total y ciudadanización plena de los órganos de combate a la corrupción, promoción de la transparencia e impartición de justicia.

Respecto a la investigación, las acciones judiciales y de persecución, ningún candidato menciona soluciones para incrementar la efectividad del proceso de aplicación de sanciones a los servidores públicos, y que los Ministerios Públicos cuenten con el mejor personal en la materia, que sea capacitado y donde se aplique un servicio civil de carrera que garantice un nivel profesionalismo de los agentes que investigan los casos de corrupción. No sólo la autonomía y la independencia del poder político harán que las fiscalías sean exitosas, es fundamental revisar el proceso de investigación y persecución.

Una de las tareas más difíciles en las acciones judiciales es retirar a los funcionarios públicos los bienes producto de actos de corrupción. En este sentido, la coalición “Todos por México”, de José Antonio Meade, hace dos propuestas que se relacionan con la recuperación del dinero, las propiedades, de todos los bienes de los corruptos y el otorgar facultades a los fiscales especializados en el combate a la corrupción para ejercer la extinción de dominio de manera inmediata.

Para la coalición “Juntos Haremos Historia”, es necesario establecer un Sistema Universal de Declaración Patrimonial y Declaraciones Juradas. Cabe señalar que dicha propuesta es muy parecida a la que se encuentra vigente en la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, con la Plataforma Digital Nacional (artículos del 48 al 56), así como en el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), que dice siguiente:

Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.

En la LGRA, todos los servidores públicos, jueces, magistrados, sindicatos que utilicen recursos fiscales, están obligados a presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses. Por lo tanto, la propuesta de López Obrador no especifica cuál es la diferencia entre su iniciativa y la que ya se encuentra en la LGRA.

En las contrataciones públicas, solamente López Obrador, de la coalición “Juntos Haremos Historia” menciona realizar licitaciones públicas en línea, prohibir las adjudicaciones directas, incorporar la participación de vigilantes ciudadanos en las compras gubernamentales, crear un padrón de contratistas sancionados e incumplidos y la instauración de un sistema Contratanet. Sin embargo, no especifica las características de dicho sistema y sus diferencias con el Compranet, el cual opera actualmente en la Secretaría de la Función Pública y es el sistema en línea donde el gobierno federal registra las compras gubernamentales, aunque no incluye las de PEMEX (que tiene su propia ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios, a partir de la Reforma Energética y que hace criticada por la ASF por ser laxa y con altos riesgos de corrupción) y las contrataciones por artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que son con organismos públicos.

En el caso de José Antonio Meade y Jaime Rodríguez Calderón (el Bronco, candidato independiente), los dos prometen contratos abiertos y transparentes, pero no explican de qué manera van a garantizar dicha transparencia en las compras gubernamentales. Llama la atención que gran parte de la corrupción generada en los últimos años fue por medio de las contrataciones públicas en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal); no obstante, las propuestas de estos dos candidatos son muy limitadas para resolver los problemas de las prácticas como el soborno, la extorsión, el tráfico de influencias, el conflicto de interés y el favoritismo en las decisiones de los servidores públicos en las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas en las contrataciones del gobierno federal.

Una de las iniciativas de López Obrador que ha generado polémica es la de bajar el sueldo y quitar algunas de las prestaciones actuales de los servidores públicos del gobierno federal. No obstante, naciones con los niveles más bajos de corrupción en el mundo, como Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda y Botsuana hicieron lo contrario (subieron los sueldos), aunque dicha política fue acompañada con la voluntad política de resolver el problema por parte de todos los actores (presidente de la República, partidos políticos, poderes legislativo y judicial, empresarios y sociedad civil), con la creación de oficinas o comisiones anticorrupción que han dado resultados, con políticas efectivas para prevenir, controlar, disuadir y sancionar los actos de corrupción, con organismos judiciales fortalecidos y con el personal más preparado y capacitado, lo que finalmente hace la diferencia entre un país que continúa padeciendo una corrupción sistémica y endémica a los que son exitosos y redujeron al mínimo dicho problema público.

Cuadro 1. Propuestas de combate a la corrupción de los candidatos a la presidencia de la República

Fuente: propuestas de los candidatos disponibles en sus páginas de internet: https://meade18.com/compromisos-para-avanzar-contigo/combate-a-la-corrupcion/; https://www.ricardoanaya.com.mx/utm_campaign/COMBATE_CORRUPCION/; proyecto18.mx/conoce/?tab=politica; www.jaimerodriguez.mx/propuestas/

[1] La pregunta de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2013 y 2017, fue la siguiente: En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que en (ESTADO) se enfrentan hoy en día?

[2] En el periodo de 2016-18, el Índice de Percepción de la Corrupción evaluó a 180 países; el indicador de Control de la Corrupción del Banco Mundial, a 209 naciones y territorios; los tres indicadores del Índice Global de Competitividad del Foro Económico de Davos, a 137; el de Ausencia de Corrupción de World Justice Proyect, a 113, y el indicador de Corrupción de PRS Group, a 140.

[3] En la división de cuartiles, en donde se tienen cuatro grandes grupos (25% de países en cada grupo) y de 1 a 99 grupos en la división por percentiles (1% de naciones en cada grupo). En el cuartil I incluyen a los países con los mayores niveles de corrupción de cada índice, y en el cuartil IV a las naciones con los menores niveles de corrupción. Con respecto a los percentiles, en el que se divide en 100 grupos, el grupo de países que están en el percentil I son los más corruptos y las naciones del percentil 99 son las menos corruptas.

[4] Comparecencia de Arely Gómez González en la Cámara de Diputados, el día 25 de octubre de 2017.

[5] El soborno, la extorsión, el conflicto de interés real y aparente, así como el ocultamiento de dicho conflicto de interés, el favoritismo en decisiones de los servidores públicos, el cohecho, el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, el lavado de activos producto de actos de corrupción, la obstrucción de la justicia en investigaciones de casos de corrupción, encubrimiento de actos de corrupción, el tráfico de influencias, partidización en la toma de decisiones en el empleo, cargo o comisión, el financiamiento ilegal de campañas políticas a cambio de promesas a particulares para otorgarles contratos públicos y obtención y uso ilegal de recursos públicos de candidatos a cargos de elección.

[6] Dentro de las temáticas más importantes respecto al problema de la corrupción, está el evaluar si los candidatos incluyeron en sus plataformas electorales soluciones preventivas; políticas para disminuir la gran corrupción que se refleja en las contrataciones públicas; en reducir las barreras a los trámites, licencias, procesos y servicios, así como eliminar las asimetrías de la información de los ciudadanos e incorporar la automatización y las nuevas tecnologías. Otros aspectos importantes son los mecanismos que deben tener los órganos fiscalizadores y vigilantes para detectar los casos de enriquecimiento inexplicable de los servidores públicos, y que deberá ser transparentada mediante una declaración patrimonial, fiscal y de interés.

En el proceso de responsabilidades o sanción de los servidores públicos que posiblemente hubieran incurrido en actos de corrupción, se evalúa la propuesta sobre la autonomía e independencia del poder político que debería contar el fiscal anticorrupción, así como la efectividad de los Ministerios Públicos para reunir las pruebas, respetar el debido proceso y realizar la persecución en contra de funcionarios públicos por delitos de corrupción. Además, la implementación de un servicio civil de carrera para los servidores públicos con base en el mérito y no a las lealtades a las personas o los partidos políticos.

[7] Grupo de Acción Financiera (GAF) y Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) (2018). Medidas antilavado y financiación contra el terrorismo. Informe de Evaluación Mutua. Noviembre de 2017.

[8] Auditoría Superior de la Federación, primer informe de revisión de la Cuenta Pública 2016, auditoría de desempeño a la persecución de los delitos financieros. Disponible en: http://informe.asf.gob.mx/Entrega1/Documentos/Auditorias/2016_0106_a.pdf

[9] El monto estimado del lavado de dinero en México va del rango que señala el Gobierno Federal, que es de alrededor de 10 mil millones de dólares, aunque la firma TG Sourcing estima que llega hasta los 50 mil millones de dólares por año.

[10] En 2013 se creó y aplicó la Ley Antilavado en México, como una recomendación que siguió el gobierno federal respecto a las recomendaciones hechas (en 2008) por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

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Alejandro Tuirán Gutiérrez es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí., maestro en Administración Pública por el CIDE y cuenta con un posgrado en Población y Desarrollo por la CEPAL.