Como todos los escándalos públicos más importantes, el asesinato de Rubén Espinosa no escandaliza solamente por lo espeluznante del acto, sino también por lo que revela sobre la sociedad en que sucedió.

La muerte de Espinosa, un fotógrafo de apenas 31 años, y cuatro conocidos el mes pasado no es solamente una tragedia para los familiares y amigos de las víctimas, es una señal de que los hábitos y costumbres de una gran parte de la clase política mexicana siguen siendo profundamente autoritarios.

Espinosa se fugó de Veracruz debido a las amenazas que, según sus amigos, provenían del gobernador del estado, Javier Duarte. Las evidencias que vinculan a Duarte al asesinato son escasas hasta el momento, pero se dio el lujo de amenazar públicamente a los periodistas adversarios semanas antes de la muerte de Espinosa. En todo caso, la protección de la libertad de prensa, un fundamento de la democracia liberal desde que existe el concepto, debería ser un objetivo primordial de un funcionario, pero no hay señales de que a Duarte le importe un comino. No ha dado la cara para hablar del caso de Espinosa, ni mucho menos ha movido la maquinaria de su gobierno para esclarecer el crimen. Su desinterés tampoco se limita a este caso: desde su elección en 2010, Veracruz es el estado mexicano donde más periodistas han sido asesinados. Eso debería representar el problema que más le ocupa, ya que habla de un deterioro notable en la vida pública, pero no hay evidencias de que sea así.

Duarte es el villano más destacado en este caso, pero comparte la culpa con otros, por ejemplo, las administraciones de Miguel Ángel Mancera y Enrique Peña Nieto. Los investigadores de la PGJDF se han demostrado incompetentes, ya que no entrevistaron a los amigos de las víctimas, no investigaron de fondo la posibilidad de que a Espinosa lo mataron por su trabajo y carecían de información básica sobre la hora del asesinato. El silencio de Peña Nieto, como es su costumbre en tales momentos, habla a gritos de sus prioridades.

Lamentablemente, estos dos mandatarios no son ajenos a la reacción tradicional a las amenazas contra la prensa. El alza en los ataques contra los periodistas lleva más de una década, pero ni Calderón ni Fox invirtieron mucho en revertir el fenómeno. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, creada por Fox en 2006 para proteger a los periodistas, no ha demostrado ser de mucha utilidad. En fin, hay una simple razón: durante años México ha sido y sigue siendo un país donde los ataques contra la prensa son comunes y no se castigan.

La relación entre la prensa y la política es necesariamente conflictiva. La función de la prensa es cuestionar, sospechar, indagar y hasta avergonzar a los líderes y, claro, no es algo que agrade a los funcionarios. Pero hay ciertos intereses mutuos que los dos lados deben compartir, pese a los conflictos inevitables. Teóricamente, los dos deben sentir un compromiso de servir a la ciudadanía, y debe haber un respeto mutuo para el papel vital que cada uno desempeña en una democracia liberal.

Lamentablemente, dentro de la clase política mexicana, ese respeto básico hacia la prensa, esa comprensión de que, por más mal que cae, tiene una función fundamental para mantener una sociedad libre no existe.

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Foto: flickr.com/“Marcha por Rubén Espinosa, periodista asesinado” by Eneas De Troya