Si para Walter Benjamin, “la tarea que nos cabe en el presente es revolver en el pasado, los futuros soterrados”, el fatídico caso del Museo Nacional de Brasil en Río de Janeiro y sus 20 millones de objetos a la hoguera requiere desempolvar prevención y prospectiva. Ya sea por globos aerostáticos, fallas eléctricas, corrupción o falta de presupuesto, la atención es acuciante.

Las instituciones de la memoria, archivos, bibliotecas, museos e inmuebles históricos sufren constantemente embestidas por ignorancia y negligencia. La Ley General de Archivos expedida en junio de este año reconoce los valores de certeza, evidencia e innovación para garantizar el derecho a la memoria para salvaguardar la memoria nacional a corto, mediano y largo plazo, así como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas. Coincide con la Declaración Universal sobre los Archivos de la UNESCO fechada en 2011:

“Los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria. Los archivos conservan un patrimonio único e irremplazable que se transmite de una generación a otra. Juegan un papel esencial en el desarrollo de la sociedad mediante contribuir a la constitución y salvaguarda de la memoria individual y colectiva. El libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad, promueve la democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida”.

La información asequible democratiza el saber. En México se ha avanzando notablemente en la creación y acceso público a archivos, bibliotecas y centros culturales. La competencia para la gestión y procuración presupuestal es igual de relevante que el valor histórico y cultural de las colecciones y acervos de museos, ya se de privados o institucionales gubernamentales. ¿Es suficiente?

El sismo de 1985 mostró la vulnerabilidad de los museos en el país y sacudió su normatividad. Un año después, el gobierno del presidente Miguel de la Madrid –a través del Secretario de Educación Pública, Miguel González y el Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett– expidió un acuerdo en el Diario Oficial de la Nación sobre las “Normas mínimas de seguridad para la protección del patrimonio cultural que albergan los museos” de México para uniformar regulaciones mínimas ante contingencias que pudiesen afectar los bienes culturales. El documento se dividió en cuatro capítulos sobre disposiciones generales, aplicación y observancia de medidas de seguridad y resguardo, traslado de objetos y colecciones y mecanismos de coadyuvancia (sí, en ese entonces ya se usaba el verbo más políticamente correcto e intrascendente).

A raíz de éste se presentó una iniciativa sobre la Ley General de Museos en 1988, la creación de un Sistema Nacional de Museos y años después se publicaron las “Normas básicas para la conservación preventiva de los bienes culturales en museos” por el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. La actualización ha sido intermitente extendiéndose a medidas de cuidado y protección civil.

El país cuenta con mil 261 museos según datos del Sistema de información Cultural de la Secretaría de Cultura e INEGI (2017). Para el gobierno mexicano los museos adquieren, conservan, estudian, exponen y difunden el patrimonio material e inmaterial de México y sus grupos sociales y su riqueza patrimonial con fines de estudio, educación y goce. La preservación (física y digital) es un asunto fundamental, no sólo por la curaduría, archivística y gestión de colecciones sino por la procuración y optimización de recursos.

Las legislaciones cultural y archivística han tomado caminos distintos de lucha y apertura de espacios en la agenda política. Tanto en el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018 como en el Programa Sectorial de Educación, el Programa Especial de Cultura y Arte (PECA) del Plan Nacional de Desarrollo se describen las estrategias para “conservar, mantener y restaurar el patrimonio cultural histórico” (Observatorio Iberoamericano de Museos). La ley que crea la Secretaría de Cultura y las recientes Ley General de Cultura y Derechos Culturales y Ley General de Archivos han puesto en la mira el mejoramiento y restauración de los bienes y servicios que son y presta el Estado. Aún con esto, con las actividades culturales, expositivas, educativas, administrativas y operativas de las instituciones culturales, ya sea bien artístico o inmueble, ¿qué tanto tiempo logran dedicar a labores de archivística y conservación?

Durante el gobierno actual, el sector cultural pasó de un presupuesto de 16 mil 781 millones de pesos a 12 mil 916 (Sexto Informe de Gobierno). El patrimonio cultural dañado por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2018 cambió el rumbo de la recta final de la Secretaría: 2 mil 221 inmuebles patrimoniales afectados de los cuales hasta ahora han sido restaurados 216 monumentos históricos inmuebles y 12 zonas arqueológicas. Ya sea por los recientes sismos o el caso brasileño, el asunto requiere calibración y caminos convergentes.

En Mal de archivo: una impresión freudiana, Jacques Derrida describe dos aspectos críticos: “los desastres que marcan este fin de milenio son también archivos del mal: disimulados o destruidos, prohibidos, desviados, reprimidos…”; “el sentido de ‘archivo’, su solo sentido, le viene del arkheion griego: en primer lugar, una casa, un domicilio, una dirección, la residencia de los magistrados superiores, los que mandaban”. La memoria requiere memoria retroactiva. Y con Rem Koolhaas de profeta, “cuando la memoria se debilita la única opción es la visión”.

La fotografía es de Felipe Milanez/Wikimedia Commons