La Universidad Nacional Autónoma de México ha sido y es el proyecto cultural más importante de nuestro país desde la época colonial. Es, quizá, el único proyecto de largo alcance que ha permanecido vigente en todo tiempo, a través de distintas formas. La universidad ha cambiado al mismo ritmo que México, no por consonancia, sino por esencia, pues la cultura nacional y el ser de la universidad se identifican en una misma unidad conceptual.

La vida colonial mexicana comienza con el final del impulso conquistador y la fundación de la Real Universidad de México. La Conquista se torna en Colonia, las nuevas instituciones permiten el flujo cultural entre la metrópoli y los territorios de ultramar. En 1530 fray Juan de Zumárraga solicita al Emperador Carlos v la fundación de una universidad novohispana. La Real y Pontificia Universidad de México llega en un lamentable estado a los umbrales de la Independencia. A lo largo del siglo xix su historia es una serie de intentos por extinguirla; abandonada a su suerte, sin posibilidad alguna de autoregenerarse, la universidad fue cerrada una vez más en 1857 y reabierta en 1858. Juárez la disolvería de nuevo y tendría su último momento de vida con Maximiliano en 1863, para extinguirse en 1865.

Nuestra universidad renace en 1910. Si se pretende trazar una línea de continuidad, es necesario abordarla no sólo en su historia jurídica y política, sino también en términos de una historia de las ideas en México. Al igual que la Real Universidad de México, la Universidad Nacional de México es producto de un pensamiento que precede en el tiempo a su reapertura formal. Se trata de una postura frente a la cultura y a la nación que no se modificó, pese a los desaciertos y a la falta de fortuna de la universidad decimonónica, y privó a la universidad del ejercicio del pensamiento original y de la protección de un Estado que le concediera los beneficios de la libertad y la seguridad.

La universidad es tanto una institución como una idea y un concepto vital para una nación. Siguió existiendo en su forma ideal, se refugió en la Escuela Nacional Preparatoria de Gabino Barreda, creada en 1871; se mantuvo en las escuelas nacionales como la de Medicina y la de Jurisprudencia; pero sobre todo en las clases que se educaron en dichas instituciones y transitaron del positivismo a ultranza a la criticidad que la realidad social generaba y que adoptaba la estructura intelectual de la filosofía humanista de Bergson y Boutroux. El Ateneo de la Juventud fue el último rayo que salió de la Escuela Nacional Preparatoria.

Desde su nueva fundación, la Universidad Nacional de México tendría un carácter basado en la necesidad de renovar la identidad nacional; sus elementos fueron la idea de incluir a México en el mundo, es decir, activar el comercio de las ideas con los principales centros intelectuales de occidente, convertir a esta casa de estudios en un centro para el análisis de la realidad mexicana desde un punto de vista humanista y retornar a la posibilidad social del movimiento que el Porfiriato, sustentado en el añejo positivismo de Comte en la versión de Barreda, habían terminado de aniquilar. Finalmente, el 22 de septiembre de 1910 abrió sus puertas la Universidad Nacional de México.

En su discurso inaugural Justo Sierra definió en lo intelectual el carácter de la universidad. Su primera preocupación fue fijar la relación entre la antigua universidad y la nueva; una relación que permitiera afirmar una continuidad histórica de entonces 360 años, pero que conjurara los fantasmas del pasado e impidiera que los gérmenes de la destrucción de la anterior institución pasaran a la sangre de la que recién nacía. En el siglo XX esa injerencia estatal desaparece; la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo la proclama en 1917; ese mismo año la de San Luís Potosí; posteriormente el Movimiento de Reforma Universitaria en la ciudad de Córdoba, Argentina, generaliza este principio. Esta idea esencialmente americana pasará, junto a muchos otros valores y principios como el de la república, la separación entre Iglesia y Estado y la secularización de los actos inherentes al estado civil de las personas, al ámbito europeo. No hay valor que la universidad aprecie tanto como la autonomía; la autonomía es la universidad, sin ella carecería de identidad.

Al nacer, en 1910, la autonomía universitaria es todavía un concepto incipiente. El propio Sierra no puede adelantarse a su tiempo e imaginar una universidad con autogobierno pleno; sabe que el Estado carece de elementos para enfrentar la intervención en el plano académico y científico, pero no puede deslindar las fronteras con claridad. Para cumplir con los fines universitarios surgieron en Latinoamérica, a partir del movimiento de Córdoba en 1928, diversas demandas de autonomía, como un reclamo de libertad que permitiera sacar del atraso a otras naciones mediante la aplicación del saber universitario a los grandes problemas.

La Ley Orgánica del 26 de julio de 1929 definió a la Universidad Nacional de México como una corporación pública con capacidad jurídica; por primera vez se reconoció su autonomía, aunque no en forma plena, ya que la Secretaría de Educación Pública contaba con un delegado en el Consejo Universitario y su rector era designado de acuerdo con una terna propuesta por el presidente de la república, quien podía vetar las resoluciones del consejo. Se le concebía como una institución del Estado que debía responder a las formalidades del mismo. En 1933, en medio del debate entre la libertad de cátedra, sustentada por Antonio Caso, y la educación socialista, planteada por Vicente Lombardo Toledano, se expidió una nueva ley orgánica que amplió los rasgos de la autonomía, aunque mantuvo en silencio el carácter nacional y público de la universidad.

Ese mismo año se expidió una nueva ley marcadamente asambleísta que trajo 10 años de inestabilidad universitaria; entre 1933 y 1944 se sucedieron un número considerable de rectores y muchas veces dos reclamaban su legitimidad al mismo tiempo. En 1944 el presidente Manuel Ávila Camacho convoca a un grupo selecto de universitarios, encabezados por Antonio Caso y Eduardo García Máynez, para analizar la situación de la universidad y elaborar un proyecto de iniciativa de ley que, una vez aprobado por el Congreso Federal, se convertiría en la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, ley que la rige hasta estos días.

La autonomía surge para preservar la libertad de cátedra, las líneas de investigación, la organización administrativa y el destino de los recursos de manera autónoma, sin someterse a factores gubernamentales externos que limiten la capacidad de creación y la libertad de pensamiento. El esquema administrativo de la universidad, ideado por el maestro Eduardo García Máynez, es un inteligentísimo mecanismo de pesos, contrapesos y niveles de gobierno que permiten su organización y funcionamiento; el rector, la Junta de Gobierno, el Consejo Universitario, el Patronato Universitario a nivel central; y las facultades, escuelas e institutos, los consejos técnicos, los consejos internos y posteriormente, en el periodo de José Sarukhán, los consejos académicos de área, permiten un mecanismo flexible de participación y libertad.

El 3 de agosto de 1944 se formó el Consejo Constituyente Universitario, que finalmente propondría la auténtica y total autonomía mediante el proyecto de ley por el que la universidad finalmente adoptaría su conformación actual. La Ley Orgánica, publicada el 6 de enero de 1945, amplió el concepto de autonomía, indicó expresamente el carácter nacional y público de la universidad y estableció la obligación estatal de otorgar subsidios periódicos. Desde entonces, se concibe a la autonomía como la manifestación más alta de libertad de investigación y de cátedra, presupuesto indispensable de la función universitaria. En adelante todo ha sido defenderla, tanto del poder público como de los grupos de presión interesados en someter a la universidad a férulas ideológicas y a coyunturas políticas.

La complejidad de la sociedad ha provocado que los peligros contra los centros de educación superior no se circunscriban a la injerencia del poder público, sino que también sindicatos, centros de poder financiero y económico y partidos políticos, a través de diferentes medios de presión y muchas veces de dádivas financieras para estudios o contratos, pretendan dirigir u orientar la investigación y la enseñanza universitaria.

El sistema ideado en 1944 y vigente desde el año siguiente ha demostrado su eficacia. La sabiduría de quienes lo idearon se ha manifestado en las diversas crisis que la universidad ha sufrido en estos 70 años. Por todo ello debemos luchar por fortalecer, proteger y salvaguardar la autonomía universitaria, esencia de la universidad, que gracias a ella ha sido, es y seguirá siendo la conciencia crítica de la nación. EP

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Fernando Serrano Migallón es licenciado en Derecho y en Economía, así como doctor en Historia por la UNAM. Cuenta con un diploma de estudios superiores en el IIAP de París, Francia, y ha sido profesor de Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público y Ciencia Política por más de 40 años en la Facultad de Derecho y en el Colegio de México.