Caminamos hacia el elevador para personas con discapacidad del Metrobús Villa Olímpica. “BRF”, braman las letras de su ventana, lacerada con ácido por alguna pandilla. Bajo la placa de una silla de ruedas, tres estrellas en aereosol son un grafiti trazado con odio sobre la puerta. Algunos vitroblocks del conducto donde el transporte viaja fueron arrancados. Abrimos. Los orines y las heces causan arcadas. En el techo de lámina, un gran orificio: el vacío del socket y el foco robados. Arruinado por el agua, el foso donde el cubo debe subir y bajar es un mar de óxido.

Queremos subir al piso 1, el del andén. Apretamos el botón. El ascensor hace ruido y se eleva. Sí, pesadamente pero se mueve. Increíble. Termina nuestro viaje de segundos.

Como los bienes públicos son de todos menos mío, despedacémoslos metódicamente. En este país hay un desmoralizante placer: torturar hasta destruir el espacio común, aunque sea un elevador para la discapacidad.

Pese a la furia destructiva, hoy el ascensor pudo. ¿Cómo es que existe y además funciona, en este México que suele hacer ruin la vida de las personas con discapacidad física, cognitiva, sensorial?

Uno de los causantes de la inserción, de que su mundo comience a ser el nuestro y viceversa, ha sido el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), que define así su misión: “establecer la política pública para las personas con discapacidad, así como promover sus derechos humanos, su plena inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida”. Casi nada.

Aunque con presupuesto lastimoso, 55 millones de pesos, sus expertos exigen a las secretarías aplicar estrategias para los 8 millones de mexicanos con discapacidad y que no todo sea: a ver si te las arreglas en esta barbarie.

Ahora el gobierno estudia eliminar al Conadis. Quizá como parte de su política de ahorro, loable si se prohíbe a los funcionarios comprar cognac con cargo al erario; deplorable si se arroja al desamparo a millones.

¿A cambio? Así como se planteó cerrar las estancias infantiles y dar dinero a las madres, o cerrar refugios para mujeres violentadas y darles dinero, la idea sería cerrar el Conadis, crear una pequeña dirección para la discapacidad en la Secretaría de Bienestar y dar dinero a la gente, como si el dinero por si solo detonara la inclusión. “Recibirás dinero, muy bien, sobrevivirás, pero (…) Hay muchas cosas que tiene que hacer el Estado”, declaró la periodista Katia D’Artigues, activista de las personas con discapacidad y madre de Alan, chico con Síndrome de Down.

¿Qué hace con dinero una joven sin movilidad en las piernas que debe subir al camión, un niño con parálisis cerebral que necesita maestros especializados, un ciego que requiere semáforos con alertas audibles?

La clausura de una oficina de gobierno podría sonar a un comprensible acto burocrático. La diferencia es que, en este caso, el Conadis es la conquista de una lucha que cristalizó en 2011, con su creación, pero que las personas con discapacidad, históricamente discriminadas, iniciaron desde que este país existe. En un sentido moral, el Conadis pertenece más a las personas con discapacidad que al gobierno. “Es un hito por el que han luchado generaciones”, dijo Katia, que lanzó el hashtag  #ConocesaAlguienConDiscapacidad dirigido, sobre todo, a los 25 millones en cuya familia hay una persona en esa condición: relaten quién es esa persona y escriban una necesidad, pidió.

La sociedad compartió historias y precisó que son necesarias rampas, maestros capacitados, aparatos auditivos, escaleras con barandales, terapias e infinidad de cosas más. México aún ha dado poco a las personas con discapacidad, el 7 % del total de la población.

¿Y el gobierno, que jura que toda medida controversial se preguntará al pueblo, hizo una consulta entre las personas con discapacidad sobre el adiós al Conadis o si les basta una lanita para mejorar sus vidas? No.

“Es como si dijeras -explicó Katia-: vamos a hacer políticas públicas para mujeres, sin mujeres”.

Otra vez, discriminados.