Un fantasma recorre América Latina, espantando cualquier posibilidad de paz y seguridad. Durante al menos dos décadas, diversos países de la región han instrumentado políticas de “mano dura” o de guerra, a veces excusadas en la lucha contra las drogas y a veces en el terrorismo. El resultado de esas estrategias ha posicionado a nuestra región como la más letal del planeta, con el 38% de los homicidios mundiales, a pesar de ser el hogar de apenas el 8% de la población mundial. En América Latina se sitúan 42 de las 50 ciudades más violentas del planeta. La violencia es tan virulenta que muchos países de la región han optado por responder con el uso de las fuerzas armadas, aunque ninguno de los países latinoamericanos más violentos se considera en estado de conflicto armado. El problema de estas intervenciones, incluso si parecen dar resultados a corto plazo, es que inhiben cualquier posibilidad de reorganizar las fuerzas de seguridad civiles —las policías— y en el largo plazo incrementan la violación de derechos humanos en las comunidades.

Tanto en México como en Brasil, así como en Colombia y Guatemala, el populismo penal y la retórica de la guerra mantienen una alta popularidad en la opinión pública. El fantasma de la militarización, que tanto daño le ha hecho a Venezuela en los últimos años, se acomoda lo mismo en la derecha que en la izquierda. Quizás por eso es tan preocupante que un gobierno de izquierda como el de Andrés Manuel López Obrador busque legitimar la creación de una corporación bajo un liderazgo militar. El discurso debería ser claro para las izquierdas de América Latina, una región rica en regímenes militares que tanta muerte han traído a nuestros países: ¡la paz no se construye a punta de guerra!

Ante la crisis regional de violencia, los nuevos líderes políticos parecen no entender la magnitud y complejidad del problema. Son pocos los políticos en América Latina que hablan sobre control efectivo de armas y municiones, sobre políticas de drogas más inteligentes o sobre un combate real a la corrupción, todos ellos temas con un mucho mayor impacto en la reducción de la violencia que la presencia militar en las calles. En lugar de una intervención militar, América Latina necesita una reforma profunda y con recursos a sus policías, planes ambiciosos y transparentes para la inversión en infraestructura urbana en áreas marginadas, así como un programa claro de desarrollo económico.

Es verdad, los mexicanos nos seguimos matando. La violencia a lo largo y ancho del país ha venido en aumento durante la última década, para capitular con el 2018 como el año más violento de nuestra historia reciente; últimamente vivimos el trimestre más letal. Sin embargo, no todo está perdido: existen luces en el horizonte. La academia, la sociedad civil y algunos alcaldes ejemplares han logrado revertir esta tendencia en algunas comunidades. El quehacer, por lo tanto, debe ser crecer y replicar esas experiencias para crear islas de seguridad que en algún momento se expandan a todo el territorio. Para transformar nuestro país a uno de paz es necesario priorizar tres dimensiones generales, a saber: mejorar nuestra información para la toma de decisiones, cancelar las políticas de guerra y reconstruir nuestras comunidades.

Cancelar las políticas de guerra Empiezo por el segundo punto pues, aunque la idea corresponde a la transformación general de las políticas públicas que hemos definido para la reducción de la violencia en general, el principio de toda intervención de política pública debe ser no causar más daño. La política de guerra ha sido agotada, no sólo en sus propios términos —ni las drogas dejaron de llegar a tus hijos, ni hoy vivimos en un país menos violento—, sino también retóricamente. ¿Alguien escucho la importantísima oposición especializada que recibió la Guardia Nacional tanto a nivel nacional como internacional?

La continuación de la militarización no es la solución. Si bien nadie propone el retiro inmediato del ejército de las zonas más calientes del país, no definir tiempos y metas específicas por cumplir para el eventual retiro parece sostener una guerra ad absurdum. Por el contrario, el constante crecimiento del presupuesto militar y el reciente sepulcro de la discusión sobre la reforma policial —para todo efecto práctico— preocupan al más desinteresado. Significa, para quien siga sin verlo, la renuncia del poder civil a su derecho constitucional de mantener la seguridad entre sus ciudadanos. Mientras continuemos haciéndonos daño a través de políticas que no han demostrado ningún resultado, cualquier otra iniciativa significará poco más que un paliativo para nuestra condición actual. México es un paciente con un brazo roto al que le seguimos picando los pies, para ver si así mejora.

Mejorar nuestra información para la toma de decisiones

Desde octubre de 2016 una nota estratégica del Instituto Belisario Domínguez alertó —en el marco de la discusión desatada por las inconsistencias de los datos presentados por Enrique Peña Nieto en su cuarto informe de gobierno— sobre los problemas metodológicos de las dos fuentes oficiales desde las cuales construimos la incidencia de homicidios y su correspondiente tasa.

Para mejorar la calidad de la información sobre homicidios —los datos— es necesario, primero, desagregar la información de las víctimas por edad, género, municipio de residencia y de defunción. Sólo así podemos generar perfiles oportunos y diagnósticos de patrones. Segundo, detallar el conocimiento de los hechos para conocer la información sociodemográfica sobre agresores y perpetradores, las circunstancias de modo y lugar para la clasificación de los homicidios y poder georreferenciar las ocurrencias. Tercero, generar un identificador único por carpeta de investigación y por víctima en las bases de datos, para poder establecer información estadística pero también, sobre todo, para que sea posible dar seguimiento puntual de cada episodio y víctima.

Como dijo José Merino en el marco de la campaña México sin homicidios: “Datos de violencia sin víctimas no son datos, son agregaciones arbitrarias a partir de las cuales nada puede inferirse y muy poco puede saberse”.

Reconstruir nuestras comunidades

A la par de nuevas políticas de seguridad y procesos de justicia y reparación al pueblo mexicano, es necesario construir comunidades resilientes que integren a todas y todos y protejan a los más vulnerables. En lugar de criminalizar a nuestras juventudes por su aspecto, sus hábitos o sus decisiones, México debe ofrecer oportunidades educativas y de empleo. Las políticas de prevención primaria (universal), secundaria (enfocada a grupos vulnerables específicos) y terciaria (para la reinserción de personas que estuvieron en reclusión o perpetraron delitos violentos), requieren mayor inversión para tener un impacto significativo, sobre todo en los municipios con mayor número de homicidios.

El mejoramiento urbano debe ir acompañado de una mayor presencia de los distintos sectores de la sociedad y una policía cercana a la comunidad. En general, la mayor presencia de un Estado transparente e interesado en el bien público ha de mejorar la gobernanza. Después de más de dos décadas de fallidas políticas de “mano dura” que sólo han traído más violencia a nuestras comunidades, hoy tenemos una buena idea de lo que funciona. Es esencial que ampliemos estas experiencias a los municipios más violentos del país para generar islas de seguridad que den paso a la transformación pacífica de México. EP

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Aram Barra es defensor de derechos humanos, internacionalista por la Universidad de las Américas y maestro en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de Nueva York y University College de Londres. Se desempeña como oficial del Programa para América Latina en Open Society Foundations