Transparencia, rendición de cuentas y control efectivo de la corrupción son elementos clave en la construcción de un Estado democrático de derecho y piezas centrales de un buen Gobierno. Se trata de conceptos que se entrelazan con otros, como la protección y defensa de los derechos humanos, para concretar la promesa democrática de contar con gobiernos responsables, donde la traición al interés público —corromperse— sea investigada y sancionada conforme a la ley.

En la práctica, sin embargo, los conceptos y categorías analíticas pueden ser objeto tanto de usos nobles como de abusos extraordinarios. El significado de transparencia, por ejemplo, se ha ido ampliando en el lenguaje político hasta convertirse en sinónimo de honestidad e integridad pública. La clase política, acostumbrada a expropiar conceptos con propósitos electorales, ha hecho de la transparencia un “todo terreno”, despojándola de su verdadero significado.

Hoy, ser transparente se entiende como mucho más que asegurar el derecho a saber; se concibe como ser ‘bueno’, ‘íntegro’, ‘honesto’, ‘eficiente’, ‘abierto’, ‘inmaculado’. En la conversación pública, ser transparente es, pues, generalmente sinónimo de no ser corrupto.

La evidencia empírica podría contradecir esta idea. En una investigación reciente de Transparencia Mexicana, la relación entre ser transparente y ser honesto no resultó lineal.

El Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (TM) y la Métrica de la Transparencia (CIDE), ambos de 2010, muestran con evidencia empírica que aquellas entidades federativas que tienen buenos resultados controlando la corrupción en trámites y servicios no necesariamente tienen buenos resultados en transparencia. Y al revés. Como lo ilustra la Gráfica, una ubicación favorable en la Métrica de la Transparencia de ninguna manera garantiza menores niveles de corrupción en trámites y servicios públicos.

El DF y Baja California Sur (BCS) ilustran los extremos de este hallazgo. En 2010, el DF tuvo los mejores niveles en transparencia y los peores en corrupción. BCS, por su parte, tuvo los niveles más bajos en transparencia y, al mismo tiempo, la frecuencia más baja en corrupción en trámites y servicios. Ser transparente no es suficiente para asegurar baja corrupción en trámites y servicios gubernamentales.

La inexistencia de una correlación estadística entre altos niveles de transparencia y bajos niveles de corrupción tiene incontables implicaciones de política pública. Quizá la más importante es que una política de transparencia que no está acompañada de una política anticorrupción efectiva abre la puerta a mayor impunidad, como ocurrió en México durante la década pasada. 

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Eduardo Bohórquez es director de Transparencia Mexicana.  Irasema Guzmán estudia la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en FLACSO-México.  Germán Petersen es coordinador del programa de investigación en métricas de corrupción de Transparencia Mexicana.