Desde el inicio de su campaña, Enrique Peña Nieto promovió una serie de compromisos sobre seguridad que hasta ahora no ha logrado llevar a efecto. El cumplimiento de estas promesas ha sido dudoso en por lo menos cuatro áreas importantes: la transparencia en el acceso a la información y en los procesos de toma de decisiones, la lucha contra la corrupción, la capacitación de la policía y las fuerzas armadas y, principalmente, la reorientación en el manejo de la amenaza del narcotráfico. Esta reorientación supone una solución multidimensional que no solo usa la fuerza bruta para enfrentar al crimen organizado, sino también programas de educación y apoyo a familias pobres, entre otras acciones.

En primera instancia, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sigue siendo un caso inconcluso que ha dejado muchas preguntas sin responder. Aunque se ha capturado a ciertos elementos policiacos e incluso a algunos funcionarios públicos, a un año del incidente la sociedad todavía espera que se enjuicie a los “verdaderos” responsables. La falta de respuestas concretas se evidenció aún más tras la reciente publicación de 85 tomos elaborados por la pgr en los que se exponen los detalles de la investigación. ¿Qué institución académica u organización civil tiene la capacidad de analizar 85 tomos? ¿No habría sido más sencillo que las autoridades nos dijeran lo que piensan que pasó y presentaran los avances de la investigación? Lo único que se logra con esta revelación es ofuscar y generar más dudas en la opinión pública. Desde aquel 26 de septiembre de 2014, cada día que pasa se desconfía más de la capacidad del Gobierno para mantener la seguridad en el país.

Otro caso en el que las explicaciones no son satisfactorias y las circunstancias son preocupantes es el incidente del helicóptero abatido en Jalisco el pasado primero de mayo. Cuando un grupo de criminales es capaz de derribar un blanco aéreo y en movimiento, ya no se puede pensar solamente en jóvenes que no encuentran trabajo y se unen al narcotráfico, sino en verdaderos profesionales paramilitares o, incluso, en potenciales actos de insurgencia. El entrenamiento que tienen esas personas, su capacidad de organización y el tipo de armas con las que cuentan fueron precisamente el argumento que Calderón utilizó para justificar la guerra contra el narco; a fin de cuentas, tenía razón.

La confusión en torno a este acontecimiento también tiene que ver con la capacitación del personal del ejército. A finales de agosto, conversando con un piloto de helicópteros de combate, aprendí que la primera medida que se debe tomar cuando un helicóptero no blindado es atacado consiste en evadir y huir. Persisten muchas preguntas sin resolver: ¿quién disparó?, ¿por qué fueron los militares incapaces de evadir el fuego?, ¿qué tan bien entrenados estaban quienes dispararon? Se trata, una vez más, de la falta de seguimiento a un caso, lo que genera sospechas y comprueba la falta de transparencia.

Una revisión de las acciones del Gobierno de Peña Nieto en materia de seguridad no estaría completa sin mencionar el caso de “El Chapo”. Su fuga de una prisión de alta seguridad apunta a tres posibles escenarios: la incompetencia por parte de las autoridades, la existencia de un profundo problema de corrupción o la conjunción de ambas. Más aún, desde que ocurrió la fuga el pasado mes de julio, existe poca información sobre la investigación realizada. Este caso es una tormenta perfecta en la que se combinan la falta de capacitación y profesionalismo, la probable corrupción de elementos del Gobierno y la falta de transparencia sobre el curso de las averiguaciones.

Estos tres escándalos ponen en duda si el plan multidimensional de enfrentar la violencia que quiso implementar Peña Nieto ha rendido frutos. Atacar de raíz los problemas de seguridad es una buena idea, pero los medios para hacerlo, como la transparencia, la agenda anticorrupción y la implementación de educación de calidad —todo lo cual pretendía ser, optimistamente, multidimensional— todavía no muestran un progreso real. A pesar de que en el eje “México en paz” del último informe de Gobierno se señaló que la delincuencia ha disminuido, persiste mucha desconfianza con respecto a estos tres sucesos debido a la falta de explicaciones.

Queda un camino largo por recorrer para alcanzar esa cultura de paz y respeto hacia la ley a la que se aspira en el plan del Gobierno. Tan largo es el camino que se puede decir que Enrique Peña Nieto ha fracasado en presidir su agenda de seguridad.

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Athanasios Hristoulas es profesor-investigador en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.