En los meses previos al cambio de gobierno en México se presentó un debate público, a partir de la publicación de un plan para reestructurar el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), difundido en redes sociales por quien sería la titular de esta dependencia del gobierno federal, la doctora María Elena Álvarez Buylla. Este documento hacía una crítica a cómo ha operado esta institución y planteaba estrategias para “acoplarlo” a los lineamientos del Proyecto Alternativo de Nación (2018-2024) del candidato que triunfó en las elecciones de julio pasado. En diferentes diarios y foros, formales e informales, fue posible advertir dos posiciones. Por una parte, la de un sector de académicos de las ciencias naturales y las tecnologías, que externó su preocupación de que el plan se guiara por criterios políticos que llevaran a una pérdida del rigor científico y el abandono de campos de investigación considerados de vanguardia y de importancia para el desarrollo tecnológico y económico de México. Por otra parte, científicos, en su mayoría de las ciencias sociales y humanidades, así como miembros activos de organizaciones civiles, manifestaron su beneplácito y aceptación de una política científica que reconoce la diversidad histórica y territorial del país y revaloriza su pluralidad cultural y lingüística; asimismo, se congratulaban de que el desarrollo científico y tecnológico propugnara por un diálogo de saberes con los pueblos originarios y orientara de manera explícita el desarrollo científico y tecnológico al abatimiento de las desigualdades sociales y de género, la pobreza y la degradación ambiental en México

De cara a esta confrontación entre científicos, conviene recordar que en México —y también en el mundo— el desarrollo de la ciencia enfrenta el enorme reto de buscar alternativas a la especialización y fragmentación de la investigación científica en disciplinas que poco o nada se comunican y prácticamente no colaboran entre sí. Tal proceso histórico impide comprender en su complejidad los problemas que se estudian y conduce a soluciones parciales y limitadas. Este drama del conocimiento científico ha sido estudiado desde la epistemología y las teorías de la complejidad por Edgar Morin, Gregory Bateson y Basarad Nicolescu, entre otros, y también desde la teoría de sistemas de no equilibrio, por Ilya Prigogine. Estos autores hacen una aguda crítica a los presupuestos del quehacer científico contemporáneo y proponen alternativas que permitan ir más allá de las dicotomías de investigación básica y aplicada, de disciplinas sociales y naturales, de saber académico y saberes tradicionales. Todos ellos sugieren que es necesario establecer un diálogo abierto y una colaboración eficaz entre los saberes para comprender en toda su complejidad e integralidad los problemas que se nos presentan hoy. Este es, sin duda, el gran reto que enfrenta la política científica de México, el de construir de manera imaginativa e innovadora una ciencia integral, abierta a la crítica rigurosa y centrada en el diálogo y la colaboración.

Se trata de hacer un esfuerzo colosal, que entraña un cambio de paradigma del quehacer científico e implica desarrollar nuevos derroteros al margen de sectarismos, mezquindades, protagonismos y, sobre todo, de las inercias institucionales. En México existen iniciativas que van en esta dirección y atienden problemas impostergables del país. Invierten en ello imaginación, rigor y colaboración. Los caminos son múltiples y la política científica debe reconocer y alentar esta pluralidad del quehacer científico que se ha construido desde y a partir de la transformación de lo local y lo regional. El gran riesgo de no hacerlo puede ser una nueva política científica centralista y autoritaria, controlada por una burocracia académica asfixiante.

En este artículo narro una experiencia de investigación de varios años realizada en México, en la que han participado investigadores de diversos campos disciplinarios que estudian en forma colaborativa una problemática de salud insólita en México: niños del medio rural con daño renal crónico. Esta experiencia nos muestra claramente que el nuevo esfuerzo científico, integral y de largo alcance, debe fundarse en un compromiso ético con los sectores más vulnerables del país. No tenemos que seguir el mismo derrotero que otros países, pero sí utilizar todos los medios, humanos y tecnológicos, para desarrollar un conocimiento riguroso que nos permita analizar los problemas en sus múltiples dimensiones y contribuir a la solución de los más urgentes y lacerantes.

La contaminación ambiental y sus efectos en la salud de niños de áreas rurales de Jalisco¹

Como mencioné, el proyecto investiga la enfermedad renal crónica en niños de una pequeña localidad rural de Jalisco situada en la ribera del lago de Chapala, llamada Agua Caliente. Esta investigación se encuentra en curso y ha sido formulada a partir de un enfoque ecosistémico que plantea una interdependencia de la salud humana con el medio ambiente y el modelo socioeconómico prevaleciente (Charron, 2012a, 2012b). Para dar cuenta de la compleja interrelación de estos tres nodos o dimensiones, este enfoque propone un análisis sistémico que integra las perspectivas teóricas y las metodologías —cuantitativas y cualitativas— de las disciplinas que estudian la ecología, la salud y la sociedad. Este enfoque considera que la aplicación del conocimiento también es generadora de conocimientos y de prácticas innovadoras. Propone que para enfrentar los problemas de salud es posible y necesario conjugar y coordinar las agendas públicas y privadas de todos aquellos actores e instituciones sociales que actúan sobre la ecología, la economía y la salud. Esta coordinación debe estar orientada a lograr un desarrollo sustentable en lo ambiental, económico y social.

El proyecto sobre enfermedad renal crónica en infantes (PERCI) retomó y enriqueció una experiencia de varios años de investigación-acción en otro poblado del lago de Chapala, donde se analizó el efecto de la contaminación ambiental en la salud de la población rural ribereña (Cifuentes, Lozano, Trasande, & Goldman, 2011). PERCI partió de informes de salud según los cuales Jalisco tenía el mayor índice de enfermos renales crónicos de todas las entidades de México y el sistema público de salud carecía de los recursos para hacer frente debidamente a esta enfermedad crónico-degenerativa en los adultos. La presencia de daño renal en niños no había sido estudiada y representaba un problema mayúsculo en el corto plazo para los sistemas de salud. En estudios anteriores, se había encontrado una asociación entre diferentes problemas de salud en niños y mujeres embarazadas y la presencia de diversas sustancias tóxicas —principalmente mercurio— que provenían de diversos contaminantes presentes en el agua y en los peces del lago.

La población de Agua Caliente, donde se realizó PERCI, contaba con mil habitantes, tenía un índice de natalidad alto (3.7 %) y la escolaridad promedio de su población era menor de cinco años de asistencia a la escuela (INEGI, 2010). PERCI contó con la aprobación y cooperación de las madres de familia y de los maestros de las escuelas. Se tomó una muestra de orina a 394 menores de edad, que representaban 70% de la población menor de 17 años. Se encontró que un 45.7% tenían daño renal en diferentes grados, una proporción de tres a cinco veces más alta que la que se reporta en la literatura internacional en menores de edad de áreas rurales (Lozano-Kasten, Sierra-Diaz, Soto, & Peregrina, 2017).

Es importante considerar que PERCI no surgió de una convocatoria aprobada por una dependencia gubernamental o privada y carecía de financiamiento propio para realizar las tareas de investigación que se proponía llevar a cabo. Fue una iniciativa orquestada por un médico pediatra con doctorado en salud pública que laboraba como investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG). El fi nanciamiento para los primeros análisis de las muestras de orina de los infantes provino de remanentes financieros de otros proyectos sobre salud y ambiente. La estrategia que siguió el líder del proyecto para realizar PERCI fue integrar recursos de toda índole (humanos, financieros, de infraestructura, de movilidad, etcétera) a partir del método de bola de nieve, que consiste en enrolar a investigadores y estudiantes de diferentes disciplinas e instituciones académicas, autoridades de la UdeG y funcionarios de diversos niveles de gobierno; pero, sobre todo, a los agentes locales: padres de familia, maestros, comisariado ejidal y autoridades municipales. Su perspectiva partía de los actores e instituciones locales y los beneficios de PERCI debían regresar a ellos.

Los primeros participantes fueron dos químicos que tomaron las muestras de orina de niños y adultos para determinar si había daño renal en ellos y la presencia de pesticidas. Uno de estos químicos era responsable de un laboratorio del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la UdeG y aceptó hacer los análisis con la única condición de que se le proveyeran los reactivos para el laboratorio y se le permitiera participar en las publicaciones; no cobró la tarifa normal, que implicaba gastos de mantenimiento e inversión en el laboratorio. Los primeros resultados plantearon la existencia de una situación “epidémica” de daño renal en la población infantil y adulta de Agua Caliente. La proporción de niños con insuficiencia renal en la población estudiada era 10 veces mayor que en otros municipios de Jalisco; la situación de los adultos con este problema era cuatro veces más alta que la de otros lugares del estado (Palacios, 2017); en la orina de 24% de los niños había metales pesados y sustancias activas de los pesticidas más utilizados en la región (glifosato, molinato, dimetheotate, 2,4D, metoxuron y picloran); finalmente, también había sustancias contaminantes en el aire que al respirar se alojan en el cuerpo de los niños (Palacios, 2017; Torres, 2017).

Cuando los primeros resultados de PERCI fueron conocidos por investigadores del CUCS se unieron al proyecto un nefrólogo, un epidemiólogo que era jefe de división en el CUCS y una investigadora en genética e inmunología. Todos ellos comenzaron a indagar sobre las causas y consecuencias del daño renal. Ahora bien, como los niños habían sido medidos y pesados, se determinó que la mitad de ellos tenía diferentes grados de desnutrición. Fue así como se interesaron en participar dos investigadores en nutrición para indagar sobre la dieta de los niños y plantear alternativas alimenticias que pudieran mejorarla. También se interesaron dos investigadoras en psicología para estudiar los efectos de la desnutrición en el desarrollo psicomotriz de los niños.

La presencia de pesticidas en orina y sangre de los niños llevaba a preguntarse por el origen de esa contaminación. Fue así como las indagaciones involucraron a dos investigadores que podían realizar estimaciones en sus laboratorios sobre la presencia de contaminantes en las fuentes de agua de la localidad, en el aire y en ocho de los alimentos más consumidos por la población. Además, fue posible contar con la participación de un investigador del Departamento de Pediatría Ambiental de la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos, el cual había colaborado en otros proyectos. Este investigador comenzó a analizar, con un estudiante que hizo una estancia en esta universidad, sobre las bases de datos que arrojaban los análisis de orina y de sangre, así como la estatura y el peso de los niños. A este grupo se ha incorporado un investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), con quien se ha podido realizar un estudio comparativo de los niños de Agua Caliente y de otras dos poblaciones rurales del estado situadas en el municipio de Autlán (Sierra-Diaz et al., 2018). De esta manera será posible indagar sobre la relación del daño renal con los patrones de cultivo y la presencia avasalladora de las agroindustrias orientadas al mercado nacional y de exportación en los alrededores del lago. En esta investigación se analizan también los niveles de pobreza, migración y desigualdad de la población.

A dos años de iniciado PERCI, estaban involucrados de manera directa 11 investigadores y 10 estudiantes de cuatro programas de posgrado de diferentes disciplinas. Se habían traspasado las delimitaciones administrativas de tres centros universitarios de la UdeG y se habían tendido lazos de colaboración entre investigadores de tres instituciones extranjeras. El problema del daño renal y la presencia de sustancias tóxicas en los niños confrontaban visiones disciplinarias en un proceso consensuado de enrolamiento que partía del asombro y la disposición a dialogar y colaborar de diferentes investigadores.

La complejidad que revelaban las bases de información requería que las partes enroladas por PERCI pudieran, por una parte, trascender las visiones monodisciplinarias y comunicarse en términos comprensibles para sus contrapartes. Había que traducir y explicar la jerga de cada disciplina y, con ello, despertar el asombro e irrumpir en otras visiones disciplinarias. Por otra parte, era necesario que los investigadores enrolados fueran capaces de trascender sus intereses individuales, promovidos por patrones institucionalizados de evaluación, reconocimiento y recompensas individuales, por un sistema de competencia por recursos tales como: espacio, laboratorios, estudiantes, presupuestos, vehículos, posiciones de autoridad e influencia, etcétera. Tuvo que haber entre los investigadores acuerdos explícitos o tácitos de intercambio recíproco de recursos muy disímiles, a partir del primitivo sistema de trueque. La escasez de recursos, pero también las oportunidades de promoción individual y grupal, llevaron a que las partes realizaran complicados cálculos de equivalencia para generar información y resolver un acertijo. Se aportaba financiamiento en servicios (análisis de muestras, uso del vehículo del investigador para transportar estudiantes, etcétera) y en especie (pago de la factura de mantenimiento del laboratorio, pago de facturas de gasolina y de hotel) de su departamento o su institución de procedencia o bien, como señalamos anteriormente, los recursos provenían de remanentes de otros proyectos o de cobrar el costo de mantenimiento de los equipos. También provenían de los ingresos personales de los investigadores.

En este proceso la transdisciplina no sólo implicaba la puesta en común de información y de los marcos conceptuales y metodológicos que habían guiado su acopio. También implicaba la colaboración y aportación de recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros a partir del juego infantil de la pirinola, en donde “todos ponen”, y el que no lo hace sale del juego. Ahora bien, debido al sistema de competencia y de “estímulos y reconocimientos a la productividad”, los investigadores establecieron convenios explícitos de inclusión y de exclusión en los créditos que se concedían en las publicaciones y los reportes de investigación. Entre ellos también surgieron alianzas, implícitas y explícitas, para hacer frente a las amenazas que enfrentaba PERCI, que podían provenir del autoritarismo, el clientelismo universitario o simplemente de la escasez de recursos.

La labor de enrolamiento que se tejió en torno a PERCI traspasó las jerarquías académicas, los roles públicos y privados y las fronteras institucionales. El proyecto requería la anuencia y cooperación de autoridades departamentales, centros universitarios e instituciones de investigación para que los participantes pudieran operar los recursos de las instituciones y acceder a la infraestructura tecnológica que hacía posible la investigación (laboratorios, vehículos, computadoras, proyectores, salas de juntas, asistentes, etcétera). La mayoría de los investigadores directamente involucrados en el proyecto no tenían cargo académico o administrativo (jefes de departamento, de unidad o de centro) y combinaban la investigación con la docencia en sus posgrados. Sin embargo, había que contar con el beneplácito y, de ser posible, la colaboración de los “jefes”, quienes debían rendir cuentas del buen manejo y aprovechamiento de los recursos humanos y materiales de “su” unidad administrativa. Este apoyo no era imposible porque los logros de los investigadores eran valiosos para justificar su gestión administrativa y sobresueldo. Ahora bien, cabía la posibilidad de que la jefatura la hubieran obtenido mediante redes clientelares y, por tanto, de que fuera más importante su relación y compromiso con su “patrón” o con los miembros de su facción; sin embargo, los reconocimientos al desempeño de su unidad administrativa fortalecían su gestión y la de su facción. En estas circunstancias, debía establecerse una negociación complicada para el cálculo de apoyos y restricciones.

Hubo un liderazgo de origen en PERCI que fue reconocido por quienes se involucraron de manera más directa en el proyecto, el cual no estaba reglamentado por la Ley Orgánica de la UdeG ni por la del CIESAS ni tenía como base un convenio firmado por las instituciones participantes o por una institución externa como el Conacyt. Este liderazgo tampoco se basaba en el manejo de un jugoso presupuesto que debía administrar el líder. No hubo competencia interna por el liderazgo porque estaba fundado en la capacidad de gestión interna y externa de quien muchas veces disponía de recursos personales para financiar algún gasto del proyecto y utilizaba sus habilidades sociales para enrolar a nuevos participantes. El líder del proyecto no tenía aspiraciones de escalar en la jerarquía administrativa de la universidad o de crear una nueva facción para conquistar posiciones en el organigrama administrativo de la UdeG. Al no ser una amenaza, las autoridades pudieron advertir fácilmente el impacto del proyecto en la generación de conocimientos, la atención a un problema de salud crítico y el posicionamiento político de la universidad en Jalisco.

En el caso de PERCI, los apoyos de las jefaturas y autoridades fueron sorprendentemente pródigos e inesperados. Esta situación se facilitó porque los primeros resultados de PERCI sobre el daño renal en los niños fueron conocidos por las autoridades del cucs, pero también por el rector general de la UdeG. Este último participó activamente en la difusión de los resultados con las secretarías de salud federal y estatal y en la gestión de recursos públicos, que llegaron a cuentagotas. El compromiso del rector con PERCI se manifestó en la construcción y el equipamiento de un nuevo laboratorio para realizar los distintos análisis que requería el proyecto y facilitar la cooperación de los investigadores de los diferentes centros universitarios. De ser un proyecto ordinario y muy pobre, PERCI se transformó en el motivo y la justificación de la mayor inversión en infraestructura científica que haya hecho la UdeG en el CUCS, para realizar investigaciones avanzadas en salud y ambiente. Había una justificación política y social para ello, pues se cumplía con una función esencial de la universidad: la investigación rigurosa y la atención a problemas sociales de Jalisco, en este caso la atención a la población más vulnerable: los niños de áreas marginadas del estado.

Como los resultados de PERCI se difundieron en diversos medios masivos de comunicación masiva estatales y nacionales, el proyecto llamó la atención de las autoridades de Jalisco. Fue posible convocar a los secretarios de Salud, Educación y Agricultura para exponerles los resultados y plantear alternativas a los problemas de salud de la infancia. En una reunión a la que asistieron estos últimos, el presidente municipal de Poncitlán, el comisariado ejidal, maestros y madres de familia, se aprobó el presupuesto para construir y operar un comedor que permitiera dar desayuno y almuerzo a los niños de la primaria y el kínder de Agua Caliente. La atención asistencialista al problema del proyecto de ecosalud era apenas un primer paso para una iniciativa desde lo local en la que se involucró a las madres de familia y a las autoridades municipales como actores activos en la atención a los problemas locales de salud; esta atención, sin embargo, dependía del presupuesto estatal y municipal. Las causas de la contaminación y la desnutrición en Agua Caliente y miles de localidades y colonias de Jalisco quedaban sin atender.

Cuando pregunté al líder del proyecto cómo se había logrado la convergencia de investigadores, estudiantes, autoridades y comunidades en el proyecto, me respondió que los participantes lograron anteponer a sus intereses personales un interés común: “la salud de los niños”. Esta preocupación debía comenzar por los de Agua Caliente. Esta respuesta nos deja ver que la base del proyecto transdisciplinario residía en un compromiso ético de todos los participantes. No desaparecían los intereses de reconocimiento académico, mejoramiento del ingreso personal y promoción en el organigrama administrativo y político interno y externo de la universidad. Los participantes enrolados conscientemente en PERCI pudieron anteponer a estos intereses individuales una preocupación común básica: el derecho universal de los niños a la salud.

En síntesis, en primer lugar, PERCI nos muestra que la complejidad implicaba que los diversos actores convinieran en desarrollar una cultura de asombro, diálogo y colaboración que contravenía las tendencias dominantes de las instituciones sociales en las que trabajaban. PERCI se convirtió en un actor colectivo en red donde los actores participantes —individuos, grupos e instituciones— fueron capaces de definir un propósito común y actuar transdisciplinaria, transdepartamental, transjerarquica, transinstitucional y transnacionalmente. Esta red de actores fue también capaz de actuar multilocalmente y desarrollar acciones locales en concertación con los niveles local, estatal, nacional e internacional. Se atendió de manera incipiente un problema, al tiempo que se planteó una necesidad de modificar la agenda de las autoridades estatales y nacionales.

En segundo lugar, PERCI nos muestra que la transdisciplina se puede considerar un nuevo paradigma epistemológico; también, un método para desarrollar proyectos de investigación como los que promueve el enfoque biosocial; además, es una red emergente de múltiples actores sociales que, a partir del diálogo y el trabajo colaborativo, conocen y transforman una realidad dada; finalmente, es un compromiso social enmarcado en una dimensión ética que afortunadamente, en este caso, fue con los más desvalidos en lugar de los más poderosos. EP

Charron, D. (2012a). “Ecohealth research in practice”, en Ecohealth Research in Practice (pp. 255-271): Springer.

Charron, D. (2012b). “Ecosystem approaches to health for a global sustainability agenda”, en EcoHealth, 9(3), 256-266.

Cifuentes, E., Lozano, F., Trasande, L., & Goldman, R. H. (2011). “Resetting our priorities in environmental health: An example from the south–north partnership in Lake Chapala, Mexico”, en Environmental Research, 111(6), 877-880.

INEGI (2010). Censo General de Población y Vivienda. Aguascalientes, Mexico: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Lozano-Kasten, F., Sierra-Diaz, E., Soto, M., & Peregrina, A. (2017). “Prevalence of albuminuria in children living in a rural agricultural and fishing subsistence community in Lake Chapala, Mexico”, en International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(12), 1577.

Palacios, D. (2017). “Especialista confirma epidemia de insuficiencia renal crónica en Poncitlán”, en Red Universitaria de Jalisco. Retrieved from es/noticia/especialista-confirma-epidemia-de-insuficiencia-renal-cronica-en-poncitlan

Sierra-Diaz, E., Celis de la Rosa, A., Lozano-Kasten, F., Trasande, L., Peregrina, A., Sandoval, E., & Gonzalez, H. (en dictamen). “Urinary pesticide levels in children and adolescents residing in two agricultural communities in Mexico”, en International Journal of Environmental Research and Public Health.

Torres, R. (2017). “Metales pesados causan insuficiencia renal en comunidad del lago de Chapala”, en El Universal, recuperado de eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/01/31/ metales-pesados-causan-insuficiencia-renal-en-comunidad-del-lago-de

1 Agradezco al Felipe Lozano su apertura para narrar esta experiencia de investigación durante nuestros recorridos de campo. Una versión de este estudio de caso formó parte del informe titulado “Por una investigación transdisciplinaria, dialógica y colaborativa. Estrategias para abordar problemas complejos”, que se presentó al Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial del Conacyt. Susan Street, coautora de este informe, estuvo de acuerdo en su publicación en esta revista.

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Humberto González es doctor en Ciencias Agrícolas y del Medio Ambiente por la Universidad Agrícola de Wageningen, Holanda, profesor investigador titular de ciesas Occidente. Es miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia y del Sistema Nacional de Investigadores, autor y coautor de cinco libros.