El principio de división de poderes otorgó al Poder Legislativo la importante tarea de representar la voluntad general del pueblo. Si bien dentro de sus más de 200 años de existencia el Legislativo mexicano no ha estado exento de crítica y cuestionamientos, en la actualidad nadie pensaría en eliminar uno solo de los 34 cuerpos legislativos del país. No obstante, ahora más que nunca es evidente la crisis de representación y la desvinculación de los encargados de la función legislativa con los ciudadanos.

Esta crisis de representación tampoco es nueva ni surgió de un día para otro. Al igual que una roca termina por convertirse en arena, la confianza en los legisladores parece desvanecerse con el paso del tiempo. Resucitar esta confianza requiere tomar medidas extremas y actuar desde todos los frentes: el ciudadano y el legislativo.

Como en cualquier método para solucionar problemas, el primer paso es conocer e identificar los elementos que constituyen los obstáculos o inconvenientes. En el caso de las instituciones legislativas, los problemas ya están identificados. Los ciudadanos desconfiamos de nuestros representantes porque nos enteramos de conflictos de interés y actos de corrupción; de escenas teatrales y actitudes prepotentes, y en no pocas ocasiones, de aprobaciones de leyes que benefician únicamente a algunos sectores de la población o que son contrarias a la voluntad popular. Además, habría que agregar que no podemos conocer su trabajo, no contamos con mecanismos de participación y rendición de cuentas, e incluso nos ocultan información sobre cuándo, cómo y en qué gastan los recursos públicos.

El listado anterior ha generado desconfianza y la desaprobación de nuestros legisladores. Pensemos en la relación representante-representado como cualquier otra relación humana. Si la tensión y el descontento son muy grandes, la relación se vuelve insoportable y termina por romperse. La figura del legislador mexicano se desvinculó de la representación de la voluntad general del pueblo; la liga que los unía terminó por fragmentarse. Ahora es necesario hacer algunos amarres para volver a generar una dinámica democrática. En este escenario, la sociedad civil organizada desempeña una función relevante: la de servir de vínculo entre el pueblo y los legisladores.

¿Qué ha hecho la sociedad civil en nuestro país para reconstruir y multiplicar la confianza en los legisladores? Desde esta trinchera surgió la idea de impulsar instituciones parlamentarias abiertas. Es decir, congresos, asambleas y cámaras legislativas que rindan cuentas, transparenten información y mejoren su capacidad de respuesta hacia los ciudadanos con el propósito de reducir la brecha entre representantes y representados. De esta forma surgen en México la Alianza para el Parlamento Abierto (APA) como un espacio de encuentro de la sociedad civil, el Órgano Garante de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y las instituciones legislativas del país.

El siguiente paso para solucionar el problema es contar con un diagnóstico y con las herramientas para atacar uno por uno los elementos reconocidos previamente. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil impulsoras de la APA elaboraron un Decálogo de Principios de Parlamento Abierto que contiene los elementos mínimos que todos los cuerpos legislativos del país deben cumplir para poder ser considerados un Parlamento abierto. Además de los principios, se elaboraron variables que miden y al mismo tiempo proporcionan una solución específica a cada uno de los elementos que desgastan la confianza en los legisladores y las instituciones legislativas.

Los 10 principios se aplicaron a los 34 cuerpos legislativos y el producto fue el Diagnóstico sobre el Parlamento Abierto en México. Los resultados obtenidos justifican la desconfianza de los ciudadanos en sus representantes, ya que ningún Congreso, Asamblea o Cámara obtuvo una calificación aprobatoria; sin embargo, este primer Diagnóstico también constituye una oportunidad para comenzar a reconstruir la legitimidad y confianza en las instituciones legislativas (ver la Gráfica).

¿Qué han hecho las instituciones legislativas en México? Para fortuna de los ciudadanos y de los propios legisladores, los cuerpos legislativos del país han comenzado a realizar algunos esfuerzos para replantear la relación legislador-ciudadano. Por ejemplo, las 34 instituciones legislativas del país son sujetos obligados en términos de las leyes de acceso a la información correspondiente, lo cual implica que deben proporcionar información mínima de forma obligatoria, relacionada con facultades y directorio de servidores públicos del ámbito legislativo, remuneraciones mensuales y marco normativo aplicable. Igualmente, los 34 cuerpos legislativos cuentan con una oficina para atender a la ciudadanía en temas de acceso a la información (unidad de enlace), misma que proporciona el listado completo de las y los representantes y que cuenta con perfiles de los legisladores con nombres completos y fotografías. Del mismo modo, buena parte de los congresos del país cuenta con una regulación sobre la figura de la iniciativa ciudadana, y publica el listado de leyes vigentes y el listado de los miembros de cada uno de los órganos de gobierno (comisión de gobierno, junta de gobierno, mesa directiva, etcétera).

Si bien son indispensables, estos primeros esfuerzos no terminan por convencer a los votantes. Esto es, mientras que en los hechos no se vea un cambio de actitud, acciones concretas y una verdadera disposición de los legisladores al cambio, las energías empleadas en pro de la apertura parlamentaria serán llamativas al inicio pero se tornarán rápidamente insuficientes.

Los congresos y el uso de tecnología

Parecería impensable que, invirtiendo en una plataforma electrónica, redes sociales y sistemas de información, se pudiera solucionar buena parte de las trabas a la rendición de cuentas y se pudiera mejorar la relación con los votantes. Sin embargo, los hechos nos demuestran que esto es viable; la relevancia de la comunicación se ha percibido a lo largo de la historia. Al respecto, Alan Turing, matemático y padre de la computación moderna, recientemente rescatado por la película Código Enigma, no escatimó esfuerzos para desarrollar la tecnología necesaria para descifrar más de 84 mil mensajes alemanes encriptados al mes. Esto demostró que quien es poseedor de información precisa puede tomar mejores decisiones, un factor determinante para la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial.

En este contexto, cobra relevancia considerar qué pueden hacer los congresos para institucionalizar el cambio de actitud y el establecimiento de una mejor comunicación con los ciudadanos que representan. El uso de tecnología, particularmente las herramientas electrónicas y redes sociales, constituye un elemento indispensable para instrumentar las modificaciones necesarias y propiciar la rendición de cuentas.

La importancia de la tecnología va ligada siempre a los usos prácticos que tenga. En el caso del Parlamento abierto, complementa la función de informar y comunicar. Sin comunicación e información efectivas, la rendición de cuentas no puede ser posible, ya que esta radica en informar y participar de la gestión gubernamental a través del aprovechamiento de todas las herramientas que vinculen al Gobierno y a la sociedad. Así, una de las herramientas que facilita este vínculo son las plataformas de internet y las redes sociales, instrumentos que han crecido exponencialmente y se han vuelto parte indispensable de la vida moderna.

En el siglo xxi, la información que no está disponible en internet prácticamente se convierte en información inexistente. El uso de la tecnología por parte de los entes públicos ha transformado la dinámica gubernamental y ha impactado directamente en la vida de las personas. Hace unas décadas, era imposible pensar que se podían pagar impuestos y servicios o realizar solicitudes de información con solo un par de clics. Que un Congreso o cuerpo legislativo no saque partido de estas nuevas plataformas de comunicación y no cuente, por lo menos, con un portal de internet actualizado y completo es como ir a la guerra sin fusil. El uso de las tecnologías de la información funciona como un mecanismo que simplifica el proceso de informar y reduce los espacios para la corrupción.

Hace dos décadas, una persona podía sobrevivir en el mercado laboral sin conocimientos informáticos; hoy se percibe como incompleta una preparación que no incluya un programa educativo con este tipo de conocimiento. Del mismo modo, los congresos estaban acostumbrados a no hacer pública la información legislativa con el pretexto de que era documentación especializada y requería de expertos en la materia para su correcta interpretación. No obstante, el grado técnico de la información debe dejar de ser pretexto para ocultarla. Hoy en día los ciudadanos requerimos de información oportuna, relevante y clara sobre el desempeño de nuestros legisladores. Internet y las redes sociales se han desarrollado a tal grado que permiten una comunicación efectiva y más ciudadana.

Un Parlamento que no cuenta con una plataforma electrónica, que no usa redes sociales y que no pone a disposición de los ciudadanos la información, no puede ser considerado abierto. La plataforma electrónica que utilicen los congresos no puede resumirse en una simple página de internet, sino que es necesaria la construcción de un sitio electrónico que, además de contener información legislativa de calidad, completa y actualizada, incorpore mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas.

En términos de participación ciudadana, los portales electrónicos deberían contar mínimo con mecanismos de contacto directo con los representados del distrito o entidad federativa corres­pondiente, un mecanismo de interacción a dos vías en tiempo real entre los ciudadanos y los congresos (por ejemplo, E-Democracia), y deberían permitir a los ciudadanos identificar a su legislador a partir del código postal o sección electoral, así como proporcionar guías para la presentación de iniciativas ciudadanas e información relacionada con presupuesto participativo; es decir, mecanismos en los que la ciudadanía pueda expresar cuáles son sus necesidades y prioridades para orientar el gasto público. De igual forma, en lo relacionado con la rendición de cuentas, los portales electrónicos deben contener un registro de las votaciones y asistencias de legisladores del pleno y de las comisiones, proporcionar los informes anuales y el archivo histórico de actividades parlamentarias, así como información sobre legisladores y servidores públicos del ámbito legislativo.

Conclusión

El Diagnóstico sobre el Parlamento Abierto en México confirma que, a pesar de los esfuerzos aislados de algunos legisladores, aún persiste el poco compromiso que ha tenido el legislativo mexicano para rendir cuentas. Es lamentable que, cuando se trata de revisar sus propios gastos o rendir cuentas sobre sus propias labores, los cuerpos legislativos —siendo los encargados de los órganos de fiscalización— no tengan una respuesta satisfactoria para los ciudadanos. La poca información parlamentaria disponible y su mala calidad hacen muy difícil para la sociedad el escrutinio de las actividades legislativas.

Un solo engaño es suficiente para perder la confianza; para recuperarla, el proceso será complicado, mas no imposible. Reconstruir la relación entre los ciudadanos y los congresos supondrá un proceso lento de reconquista. Para ello, la comunicación entre ambas partes es fundamental.

Cualquier Congreso, Asamblea o Cámara legislativa que quiera ostentar la categoría de abierto tendrá que trabajar en una mejor comunicación a través del acceso a la información, haciendo uso de la tecnología disponible y regenerando su capacidad de innovación y respuesta a la sociedad.

¹ Si bien en México no existen como tal los parlamentos, ya que esta es una figura que realiza prácticamente las mismas funciones que los congresos, la separación de funciones con los poderes Ejecutivo y Judicial está menos definida. Asimismo, el término Parlamento es identificado internacionalmente con las funciones legislativas, por lo que las OSC impulsoras en México decidieron emplear este término.

² Para mayor información se puede consultar www.imco.org.mx

_______

MANUEL GUADARRAMA es coordinador de Finanzas Públicas del IMCO.