Es un hecho por demás conocido que los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas indígenas son violentados constantemente. El sistema de administración de justicia, el de salud y el educativo son los espacios más frecuentes en los que esto sucede. Poco a poco la prensa ha retomado historias que tienen que ver con la discriminación lingüística; sin embargo, me parece importante hacer un acercamiento a las narrativas e implicaciones de estos acercamientos a un fenómeno complejo como lo es la desatención y muchas veces abierta discriminación a hablantes de lenguas indígenas.

Frecuentemente salen notas periodísticas que narran terribles injusticias que sufren personas pertenecientes a pueblos indígenas que hablan alguna de las lenguas mexicanas pero que no hablan español. Los títulos de esta notas suelen ser las siguientes:

• “Por no hablar español, jueza niega pensión a hija de madre indígena” 
• “Por no hablar español, el indígena Marcelino Mejía fue condenado a 30 años de prisión”
• “Indígena condenado sin pruebas a 30 años de cárcel; no pudo defenderse porque no sabía español”
• “Universidad en Chiapas da de baja a alumno indígena por no hablar español”

Esta forma de titular las notas soprende por ser más o menos homogénea y porque centra el problema en no hablar español; presenta el hecho de no hablar castellano como una carencia, como un problema del que adolecen los hablantes de otras lenguas mexicanas. Mientras que el monolingüismo en español no se narra como un problema, el monolingüismo en lenguas indígenas se refuerza como la causa del problema. Incluso el bilingüismo entre lenguas indígenas es, en este contexto, un problema, mientras que el monolingüismo en español no lo es. Podrás hablar mixteco, náhuatl y cuicateco, no importa, si no hablas español, tienes un grave carencia.

La causa de la violación de los derechos lingüísticos no se encuentra en los hablantes monolingües de lenguas indígenas. El problema no es el monolingüismo, si lo fuera, el monolingüismo en español sería narrado como una condición grave e indeseable que afecta a la mayor parte de la población mexicana.

La raíz del problema radica en que el Estado mexicano y todo su aparato administrativo e institucional se comportan como sistemas monolingües en español incapaces de enfrentar los retos que una sociedad multilingüe les plantea y que fue mejor gestionada incluso en la época colonial.

Podríamos realizar un ejercicio de reescritura: “Por no hablar chontal, jueza niega pensión a hija de madre indígena”, de manera que el problema se traslada al servidor público que no aprende la lengua de la población en la que ejerce su trabajo. “Por no tener asignado un intérprete, el indígena Marcelino Mejía fue condenado a 30 años de prisión” enfatiza el hecho de que la mayoría de las personas que enfrentan un proceso penal no cuentan con intérpretes adecuados como es su derecho y como es obligación del estado. “Universidad en Chiapas da de baja a alumno indígena por no poder ofrecerle educación en su lengua”, focalizando así el hecho de que las universidades públicas podrían proveer educación en distintas lenguas, como sería natural en un país verdaderamente multilingüe. “Indígena condenado sin pruebas a 30 años de cárcel; no pudo defenderse porque ni su abogado ni el juez hablan su lengua materna”, que haría hincapié en el hecho de que no existen defensores que conozcan las lenguas de las jurisdicciones en las que trabajan.

La mayoría de los jueces que operan en el territorio mixe no hablan la lengua o pretenden no hablarla. Sería impensable irse a un territorio a trabajar en educación, salud o justicia sin hablar la lengua del lugar. Sin embargo, esto es común en territorios de pueblos indígenas: jueces, maestros y funcionarios en territorios mixtecos que no hablan la lengua. El problema no somos nosotros. Si queremos, podríamos nunca aprender español y no por eso nuestros derechos lingüísticos deben ser violentados.

Me parece que es importante cambiar la narrativa y el enfoque en las notas periodísticas que cubren estos casos. En muchas de estas notas, ni siquiera se mencionan las lenguas que hablan las personas que sufren estas injusticias, es como si lo único importante fuera que no hablan español. La manera en la que se narra en la prensa refuerza la idea de que no hablar español es una carencia, mientras que no hablar náhuatl o mixe ni importa. ¿Por qué? Nuestras lenguas legalmente son mexicanas. La culpa no es nuestra. No es por no hablar español, es porque el gobierno opera, neciamente, como si el país fuera monolingüe, fuera de la realidad, negando la evidencia. Y eso merece también ser narrado.

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Imagen tomada de "Lenguas indígenas, un tesoro en vías de extinción", Orígenes, consultado el 15 de septiembre de 2015.