Las cosas no existen hasta que se nombran. Aunque el hecho de nombrar algo no implica necesariamente que exista, que sea. Resulta llamativo que en la creciente tensión institucional entre el Estado español y el independentismo catalán la lengua sea una excusa, y la perversión del lenguaje, la estrategia. Es indudable que la pertenencia a una determinada comunidad de hablantes crea vínculos; lazos que unen a quienes usan una lengua y que, por exclusión, los hacen diferentes de quienes se expresan en otra. En todo caso, la historia demuestra que la sola diferencia lingüística no es una condición ni necesaria ni suficiente para que se consolide un sentimiento independentista. La realidad de otras dos regiones españolas serviría para constatarlo.

El uso interesado de la historia; la sensación (quizá fundamentada) de ser injustamente tratado en determinados aspectos fiscales, y la sobrevaloración de las posibilidades de desarrollo —e incluso de éxito— en un hipotético escenario de independencia, entre otros factores, han contribuido a que crezca y se consolide la percepción de que es mejor estar solos. La crisis que en los últimos años ha azotado al país y las medidas del Gobierno para paliarla han alimentado un desencanto general, utilizado por el independentismo catalán de forma oportunista. ¿Habría ocurrido lo mismo si el país no hubiera atravesado una crisis insoportable? Se trata, sin duda, de una reflexión interesante, si bien sus resultados no podrían abandonar el terreno de la especulación ni podrían, por tanto, ser esgrimidos para sostener que la causa de todo esto es, exclusivamente, la crisis.

Pero lo que resulta indudable es que en la construcción de la realidad que ha elaborado el independentismo, el uso del lenguaje ha sido determinante, como también lo ha sido la impericia del Gobierno de la nación para desmontarla. Hay tres expresiones que han ido calando en la opinión pública, en mayor o menor medida, y que han buscado “dignificar” la causa, intentando apartar del debate las motivaciones económicas (siempre más espurias y fácilmente cuestionables) para situarlo en un plano de “justicia”: en lo que debería ser, al margen de otros posibles motivos.

El derecho a decidir. Repetida hasta la saciedad, la sola expresión no significa nada sin el qué. Tiene una gran fuerza retórica e incluso parece terrible que alguien se pudiera oponer a la libre decisión. Toda vez que en la legalidad internacional no cabe ninguna duda sobre la imposibilidad de reclamar el derecho a la autodeterminación, se ha optado por una expresión que se aproxima, que parece que se refiere al ámbito de los derechos fundamentales, cuando no lo es. Las personas, las comunidades, los países pueden decidir… sobre aquellas cuestiones que pueden decidir. Aunque pueda parecer una tautología, ahí está la clave. Los ámbitos de decisión están claramente determinados por las leyes que, en este caso, han sido además refrendadas por quienes reclaman un “derecho” inexistente (que deliberadamente no se concreta). Si esas leyes deben o no ser cambiadas es otro debate.

Las elecciones plebiscitarias. Es un interesante oxímoron. El concepto “elecciones” —democráticas, claro está (y en este caso se referían a unas autonómicas)— implica pluralidad, diferentes partidos, diferentes programas. Y así se presentaron las formaciones a los comicios del pasado mes de septiembre. Por el contrario, plebiscito se refiere a la idea de sanción popular sobre una política o asunto de Estado. Como no fue posible un referéndum (destinado a la aprobación o el rechazo de una ley), se “crea” retóricamente un plebiscito (destinado para opinar sobre un asunto) al que se busca dotar de un carácter vinculante mezclándolo en un proceso electoral.

Legitimidad democrática. El hecho de que fueran elecciones “plebiscitarias” afecta la legitimidad del resultado democrático. Es evidente que el desarrollo democrático de una elección legitima el resultado. Es más, esa es la finalidad. Pero siendo legítimo también puede ser ilegal, si se ha votado algo para lo que no se tiene competencia, como es el caso. Por otra parte, en un plebiscito cuentan los votos y en unas elecciones los escaños. La mayoría de los votantes eligió opciones que no reclamaban la independencia. Por tanto, en este caso tampoco habría legitimidad democrática. 

___________

Julio César Herrero es profesor universitario, periodista, analista y especialista en marketing político.