La atención que en los últimos meses ha acaparado la situación de Venezuela en los medios de comunicación españoles resulta, cuando menos, llamativa. La inflación —que el Fondo Monetario Internacional fija en un 700%, aunque el Gobierno la establece en un 180.9%— provoca en el país estampas terribles: desabastecimiento, largas colas en los supermercados, falta de productos de primera necesidad. La situación, insostenible, comienza a afectar también a las cadenas hoteleras para los más adinerados. Además —y quizá como consecuencia, aunque no solo— el país ostenta el triste mérito de ser el más violento del mundo, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, si no se tiene en cuenta a aquellos que atraviesan una guerra. De acuerdo con el Global Peace Index, que sí incluye a esos países, Venezuela ocupa el puesto 142 de 162, que corresponde a Siria. Concretamente, su capital, Caracas, contabiliza 119 homicidios por cada 100 mil habitantes. La cifra supera a la de algunos estados mexicanos, masacrados por los cárteles, y a la de ciudades históricamente sumidas en una violencia continuada, como San Pedro Sula (Honduras) o San Salvador.

Aunque esta situación no es sensiblemente distinta a la que había hace un año, ahora despierta la atención de los medios y, por lo tanto, de los políticos; o quizá de los políticos y, por lo tanto, de los medios. Los españoles conocen más y mejor lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero ese conocimiento no es la causa sino el efecto. En diciembre de 2014 el Parlamento Europeo condenó la persecución de la oposición en ese país, pero la repercusión en España no fue equiparable a la que se está observando en los últimos meses. ¿A qué se debe, entonces, este interés —justo, por otra parte— sobre lo que ocurre en Venezuela? La única circunstancia nueva, el único elemento que no existía entonces pero sí ahora, es la fuerte irrupción de Podemos en el escenario político español. El pasado de una buena parte de la cúpula de la formación está vinculado a una fundación que asesoró al Gobierno chavista, por lo que percibió importantes sumas de dinero.

Si bien es cierto que la fundación y el partido son dos entes distintos, también lo es que quienes dirigían una, dirigen también el otro. No lo es menos que su asesoramiento no era en cuestiones de carácter técnico, sino marcadamente ideológico. Y tampoco es irrelevante que quienes estaban al frente de la fundación (y ahora del partido) no actuaban como simples consultores, sino que en su trayectoria académica se observa un especial interés —y admiración, incluso— sobre las políticas bolivarianas desarrolladas en los países del Alba.

El empeño de algunos medios de comunicación por demostrar la relación entre algunos dirigentes de Podemos (y, por extensión, del partido) y el Gobierno chavista es legítimo, más aún cuando los afectados por las investigaciones periodísticas han intentado desvincularse o matizar el alcance de sus consultorías cuando trabajaban en la fundación. Esa es realmente la causa. La tibieza en la condena al régimen de Maduro por parte de los dirigentes ha provocado que su pasado y sus relaciones se conviertan en un debate sobre quienes apoyan al Gobierno o a la oposición y, por extensión, a fijar el foco sobre la realidad de todo un país.

Lo que comenzó pretendiendo evidenciar las conexiones de un grupo de políticos con un régimen que conculca las libertades en un país se ha convertido en una toma de posición sobre lo que ocurre en ese país. Solo así se explica, por ejemplo, el viaje del líder de Ciudadanos a Caracas para interesarse por la oposición y los líderes políticos encarcelados. Pablo Iglesias lo calificó de “injerencia” obviando que fue invitado por el presidente de la Asamblea Nacional.

No hay nada criticable en esa decisión, ni tampoco en el interés del Consejo de Seguridad Nacional sobre la situación de los españoles en Venezuela, ni en la del Gobierno al conceder la nacionalidad a varios opositores de Maduro, siempre y cuando —por coherencia— esa respuesta, justa y necesaria, también lo sea para los perseguidos en otros países. Pero tiene un riesgo. Algunos gobernantes —no solo los dictadores, aunque especialmente— crean un fantasma, un enemigo inventado que agitan para hacerse fuertes, para erigirse como el padre protector de la nación y ocultar así la realidad del país, o para dejar la solución de los problemas diarios en un segundo plano porque hay que centrarse en otro más grave que afecta a la soberanía. Por eso, conviene hacer las cosas con la suficiente diplomacia para no engordar al fantasma de Maduro.

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JULIO CÉSAR HERRERO es profesor universitario, periodista, analista y especialista en marketing político.