La noticia de que el junio pasado fue el mes más violento en la historia moderna de México ofrece un momento conveniente para evaluar la estrategia peñista para la seguridad pública. 

Pese a llegar a la presidencia después de seis años de preocupación y frustración con la creciente violencia, la campaña de 2012 no dejó muchas evidencias de que Peña Nieto y su equipo habían pensado muy profundamente sobre la inseguridad. No tenía mucho qué decir sobre su propio plan; tampoco hablaba con mucha precisión sobre lo que había hecho mal Felipe Calderón. Sus respuestas a los interrogatorios de Alejandro Hope (ex-CISEN y reconocido analista de temas de seguridad) se destacaron por superficiales. El tema no salió mucho en los debates presidenciales, y si bien todos los candidatos (y más aún los votantes) querían romper con la espiral de violencia, nadie quería apostar su campaña en ello. 

Claro, el equipo peñista sí contaba con unas ideas. Por ejemplo, coquetearon con una filosofía disuasiva y prometieron priorizar la reducción de violencia. Dieron a entender que iban a matizar el enfoque en tumbar capos y promover la implementación del Mando Único Policial por todos los municipios del país. La idea más concreta fue la creación de la Gendarmería Nacional, que inició funciones en 2014.

Algunos de estos conceptos fueron buenos pero poco elaborados (es fácil decir que vamos a reducir la violencia, pero el chiste es saber hacerlo). Otros fueron fundamentalmente malos (nunca se explicó la necesidad de construir otro cuerpo policiaco y la entrada de la Gendarmería ha sido como una aspirina para un paciente con cáncer). Otros conceptos no significaron nada, más allá de un argumento fácil de campaña (no me queda claro en qué sentido han suavizado la estrategia de los capos).

Pero lo que es indiscutible es que, colectivamente, esta constelación de impulsos loables y no tan loables no forma las bases de una estrategia coherente. Peña Nieto se aprendió los puntos adecuados para enfatizar durante entrevistas, pero su equipo nunca elaboró un diagnóstico comprensivo de lo que México padecía, ni diseñaron un plan para aliviar los peores síntomas. Por lo tanto, llegó al poder sin el estudio y la capacidad que ahora resaltan por su ausencia.

En 2012, Peña Nieto tuvo la buena fortuna de no ser Felipe Calderón, y de no tener encima el peso de haber iniciado la maldita guerra contra el narco. Mejor aún, las tasas de homicidio ya iban a la baja cuando tomó protesta, y varios triunfos legislativos al principio de su mandato le brindaron un prestigio envidiable. Debido a este entorno altamente favorable, gozaba de mucha libertad para actuar en un momento que pudo haber sido clave; de haber llegado con una estrategia íntegra y viable, pudo haber puesto a México en el camino hacia un equilibrio más tranquilo.

Peña Nieto desperdició esta oportunidad por completo. No supo consolidar y profundizar las mejorías de 2012 y 2013; aparentemente sin entender las causas (o quizá sin querer atenderlas), dio por hecho que los resultados validaban sus políticas. Por lo tanto, seguía haciendo lo mismo; es decir, seguía sin hacer nada. Peor aún, bajo Peña Nieto se desató una ola de corrupción y abuso gubernamental que no solamente superó cualquier escándalo del sexenio de Calderón, sino parece sacado de la época de Díaz Ordaz. 

El presidente actual da la impresión de un heredero joven, que se convence de que su propia habilidad y determinación fueron las causas de su riqueza inmensa, así ignorando que nació millonario. En cuanto a la seguridad pública, los años de buena suerte de Peña Nieto ocultaron una trágica carencia de preparación. Pero, como suele hacer, la realidad está irrumpiendo en sus convenientes fantasías y México está sufriendo las consecuencias.