Emiliano Balerini Casal: ¿Qué tanto ha contribuido la historia de Sudáfrica a la justicia transicional?

Jasmina Brankovic: La justicia transicional es el cambio de un modelo autoritario a uno democrático. Empezó en los países de América Latina y en Europa del Este. A mediados de los ochenta se empleó como un campo de estudio y trabajo, que hoy ya es utilizado en el mundo. En la actualidad, la justicia transicional no solo se usa para hablar de ese cambio de un régimen autoritario a uno democrático, sino también para pasar del conflicto a la paz en países donde todavía existe este tipo de problemas y no hay transición política, incluso en democracias. Además, tiene diferentes mecanismos: enjuiciamiento a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos, creación de comisiones de la verdad para establecer la memoria histórica de lo que pasó, reparación del daño, fomentar mecanismos basados en los usos y costumbres de las comunidades, reformas institucionales para crear confianza en la sociedad e inhabilitación de funcionarios públicos que incurrieron en la violación de derechos humanos. En Sudáfrica existía la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (TRC, por sus siglas en inglés), que trabajó entre 1995 y 2002. En la historia de este país hubo dos momentos de enorme peso: el colonialismo y el apartheid, dos sistemas de segregación y exclusión racial, donde la minoría controlaba la mayor parte de los recursos y manejaba la política. Con el apartheid  hubo un movimiento de liberación que permitió que a inicios de los noventa se llevara a cabo un proceso de transición. Hubo incluso presión internacional para que esto se diera, lo cual, entre otros elementos, permitió que se llegara a acuerdos y que se creara una nueva Constitución con una cláusula que establecía que debía de haber un proceso de reconciliación y justicia.

¿Cuál es el mecanismo que adoptó Sudáfrica para lograr la reconciliación y la justicia?

Con la transición política, las fuerzas de seguridad que participaron en el apartheid querían amnistía y, por su parte, los movimientos de liberación querían que se enjuiciara a los culpables. Durante mucho tiempo esto generó violencia. Para reconciliar y lograr justicia se negoció que a los funcionarios públicos y militares que habían estado involucrados en el apartheid se les dejara en sus cargos cinco años. Esto permitió tener un poco de estabilidad y llamar a los involucrados a rendir cuentas. En este contexto, la TRC fue un punto intermedio entre lo que pedían las fuerzas de seguridad y lo que exigían los movimientos de liberación y las organizaciones sociales: la amnistía condicionada para lograr la estabilidad y el enjuiciamiento de los culpables de las violaciones a los derechos humanos. La idea era que se otorgara la amnistía condicionada a aquellas personas que confesaran ante la TRC lo que habían hecho o, de lo contrario, una vez que esta comisión terminara su investigación serían enjuiciados. A las víctimas se les abrió un espacio público para que contaran lo que habían vivido.

¿Qué tan efectiva fue la TRC?

Si bien no es una respuesta simple, este camino permitió evitar una guerra civil, propició la paz y fue visto como una forma innovadora de ponderar la justicia transicional. Asimismo, permitió que la sociedad en Sudáfrica conociera lo que pasó. Sin embargo, uno de los puntos débiles de este trabajo fue el poco seguimiento que se dio a las recomendaciones de la TRC, que no fueron implementadas ni por el Gobierno ni por organizaciones civiles. Pareciera que en la justicia transicional inicias un proceso para dejar atrás el pasado y dedicarte al presente, cuando en realidad lo que se debe establecer es un vínculo entre pasado y presente. Son procesos largos que no terminan con un mecanismo sino que se desarrollan con el tiempo. Cuando la TRC terminó sus funciones, el Gobierno no implementó muchas de sus recomendaciones o trabajó en ellas de manera parcial. Por ejemplo, no se juzgó a los perpetradores que no solicitaron la amnistía ni se pagaron las reparaciones del daño a las víctimas. Cuando estas se movilizaron, se les compensó con solo una cuarta parte de lo que les correspondía. La TRC se enfocó en la defensa de los derechos civiles y políticos, y no tanto en los económicos y sociales. La situación económica de los grupos afectados no ha cambiado desde entonces.

Un proceso de justicia transicional debería ser participativo e incluir a la mayor parte de la sociedad para que sea legítimo

 

En México existe un dicho popular que dice: “Si no quieres que se haga algo, crea una Comisión de la Verdad”. ¿Qué piensa al respecto?

Sí, es cierto. Pero la justicia transicional es una herramienta que puedes utilizar. Dependiendo de quién maneje la agenda de cada país, puede irse por buen o mal camino.

¿Cómo se aplica la justicia transicional en democracias?

En Australia, por ejemplo, existe una comisión de los pueblos originarios, donde se analiza cómo fueron abusados y violentados durante la época colonial, pero también se indaga sobre las razones por las cuales no se les ha reconocido actualmente, lo que se convierte en una práctica sistematizada de violencia estructural. La justicia transicional ha evolucionado mucho, ha cambiado, se sigue actualizando y se emplea en diferentes contextos.

¿Cómo se puede reconciliar una sociedad después de pasar por un proceso político autoritario?

Un proceso de justicia transicional debería ser participativo e incluir a la mayor parte de la sociedad para que sea legítimo. Se debe incluir tanto a las víctimas como al resto de la sociedad con mecanismos de consulta y participación. A veces, si estos mecanismos de justicia transicional son promovidos desde altos niveles políticos, la gente desconfía de ellos por creer que no responden a sus necesidades. Por otro lado, tampoco se pueden copiar los sistemas de trabajo. No se puede decir: “Voy a trasladar a mi país esto que funcionó en Sudáfrica”. Cada nación debe adaptar la justicia transicional a sus necesidades y contexto. Reconciliación es un concepto difícil pero se puede analizar de la mano de otros dos conceptos: paz negativa y paz positiva. La primera significa que la gente se tolera porque no hay conflicto ni violencia, aunque las comunidades estén separadas; la segunda se da cuando las comunidades conviven, colaboran, trabajan juntas y crean una mejor sociedad. En este sentido, la reconciliación podría leerse como una paz positiva. La práctica de la reconciliación es difícil de alcanzar; se da con el paso del tiempo porque, entre otras cosas, mueren los perpetradores. El tema, sin embargo, es hacerle frente a la raíz del problema, para que no esté latente. La clave está en atacar lo que causa la violencia, la represión y el conflicto.

¿Qué piensa sobre la violencia que hay en México? ¿Se puede reconciliar un país con un índice de asesinatos y desapariciones como el que actualmente hay aquí?

De acuerdo a lo documentado por la prensa, a México se le ve de dos formas en el extranjero: como un país que se desarrolla muy rápido y que tiene una historia de éxito, y como uno que vive en medio de la violencia, con problemas de narcotráfico y crimen organizado. En realidad, la comunidad internacional no tiene conciencia de cómo están las cosas en México, excepto por la gente que trabaja en el campo de los derechos humanos. México sí puede tener un proceso de justicia transicional. Las organizaciones sociales han trabajado mucho con grupos de víctimas; han realizado un análisis y un balance de los crímenes del pasado con respecto a lo que sucede ahora. Se debe tener un proceso más participativo desde la sociedad. Una posibilidad puede ser pensar cómo los abusos a los derechos humanos en el pasado están ligados a lo que sucede en el presente y, en particular, cómo la exclusión socioeconómica de muchos grupos en México ha conducido a esta violencia tanto en el pasado como en el presente.

En muchos países se ha planteado que después de sus dictaduras militares debe haber una reconciliación como parte de una ruptura con el pasado en la que no se juzgue a los culpables de violar los derechos humanos. ¿Qué tan válida es esta idea, normalmente promovida por gobiernos conservadores?

Muchos organismos internacionales de Naciones Unidas han establecido que no se puede otorgar amnistía a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Por otro lado, también es cierto que son las sociedades las que deben decidir si es posible o no otorgarle amnistía a alguien. A veces, la gente prefiere paz y estabilidad antes que enjuiciamientos y otro tipo de mecanismos jurídicos. La clave es ver a la justicia transicional como un proceso político y jurídico a largo plazo, algo que requiere atención continua y trabajo de parte de las organizaciones civiles y la sociedad. Si bien en un primer momento se dan las amnistías, después puede venir el proceso de enjuiciamiento, como en el caso argentino. 

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Emiliano Balerini Casal estudió la licenciatura en Periodismo en la Escuela Carlos Septién y la maestría en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Ha colaborado en las revistas Cambio, Fernanda, Etcétera, Playboy y Soho. Es reportero de la sección cultural de Milenio.