España afronta un mes que puede resultar determinante para adivinar el rumbo que tendrá la política española en los próximos años. Aunque el presidente puede apurar su mandato hasta el mes de enero, lo previsible es que convoque elecciones generales para el día 20 de noviembre. Sin embargo, a finales de mayo, los ciudadanos acudirán a las urnas a elegir a los alcaldes de más de 8 mil municipios y a los presidentes de las comunidades autónomas. Lo que ocurra entonces será un indicador de lo que pueda pasar después. Es el primer test para comprobar si, como algunos vienen pregonando, será el fin del bipartidismo que ha caracterizado a la democracia española desde la Transición (la alternancia entre el Partido Socialista y el Partido Popular, la izquierda y la derecha) o si, por el contrario, se mantendrán los dos partidos como fuerzas hegemónicas aunque otras formaciones menores empiecen a tener un creciente protagonismo que podría incluso condicionar la acción de gobierno.

Obviamente, el resultado no podrá ser extrapolable a las elecciones generales porque los criterios para la elección de un alcalde —a quien se le demanda fundamentalmente capacidad de gestión— no son los mismos que los que debe cumplir el presidente de un Gobierno, en cuya acción los posicionamientos de carácter político son, en no pocos ámbitos, trascendentales. En todo caso, habrá ciudadanos que en lo local y en lo regional quieran pasar factura al Gobierno del Partido Popular por las medidas adoptadas para superar la crisis y que, para miles de españoles, han supuesto momentos duros por la falta de recursos que genera una inaceptable tasa de desempleo y un excesivo aumento de impuestos.

Será la primera oportunidad para conocer hasta qué punto ha ido calando la visión populista de Podemos. El pasado mes de marzo, con motivo de las elecciones en Andalucía, obtuvo un buen resultado, si bien no colmó las expectativas de unos dirigentes que daban por hecho su irrupción en ese parlamento regional con mucho más poder del que ahora tienen. Consiguieron un 15% de los votos. Es un logro, habida cuenta de que era la primera vez que concurrían a unos comicios regionales. Pero ni son decisivos ni su presencia supone un cambio radical del panorama político, que es lo que ellos mismos pronosticaban y ansiaban.

Ahora concurrirán a la presidencia de las comunidades autónomas. No lo harán a las alcaldías de los 8 mil 122 municipios del país. Y en aquellas en las que presenten candidato no será con las siglas ni con el nombre de Podemos sino en agrupaciones de electores. Resultaría muy extraño y seguramente cuestionable que los partidos a los que se refieren como “casta” hicieran lo mismo. Los ciudadanos no lo tolerarían. Sin embargo, ellos lo harán con la excusa de que no pueden garantizar que quienes deseen concurrir en su nombre reúnan los requisitos y exigencias que establece la dirección. Dicho de otra manera, cuando su objetivo son las generales no se pueden permitir que salgan elegidos candidatos que no conocen ni controlan y cuyas decisiones posteriores podrían ser objeto de crítica por parte de los medios de comunicación. Ello comprometería la imagen de su formación y, sobre todo, de quienes la representan, esforzados —casi exclusivamente— en mostrarse ante la opinión pública como jóvenes políticos sin tacha, sin relación con asuntos turbios, casi sin pasado. Y eso a pesar de que al menos los principales dirigentes tienen un pasado conocido, una actividad en política universitaria más que notable y un llamativo gusto por las políticas que desarrollan los países del alba, a algunos de los cuales han asesorado, aunque parecen renegar de ello o se ponen de perfil cuando se les recuerda; aseguran que sus preferencias pasan ahora no por Venezuela sino por Dinamarca. En seis meses dejaron de ensalzar las glorias del Gobierno de Maduro (ejemplo, para ellos, de democracia) para mirar al norte de Europa, en cuyos países quieren reflejarse a pesar de insistir que las políticas no son extrapolables. Y al séptimo mes, Grecia era ya el referente, antes de que el primer ministro tuviera que rebajar notablemente su tono y exigencias respecto a la Unión Europea.

Habrá que ver si debemos votar pensando en el castigo de un día y no en la gestión de los mil 459 días siguientes; si debemos elegir a quienes son ágiles y certeros en la crítica pero lentos y ambiguos en las soluciones; si debemos confiar en quienes mantienen que en España hay un “régimen oligárquico” o en quienes sostienen que, aun siendo imperfecta, llevamos 25 años de democracia. Podemos no es lo mismo que debemos.

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JULIO CÉSAR HERRERO es profesor universitario. Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Camilo José Cela, combina su actividad docente y de investigación con el ejercicio del periodismo. Escribe una columna semanal y es analista en TVE. Especialista en marketing político, ha asesorado a numerosos políticos latinoamericanos y publicado varios libros y artículos científicos sobre esa materia.