El clásico bipartidismo español caracterizado por la hegemonía de dos grandes partidos, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que se han alternado al frente del Gobierno con mayorías absolutas o casi absolutas, se ha derrumbado estrepitosamente, como estaba previsto, en las elecciones locales y regionales del pasado 24 de mayo. En esta ocasión, se ha dibujado un mapa cuatripartito en el que el PP y el PSOE han conseguido en las municipales el 27 y el 25% de los votos respectivamente, y el resto se lo han repartido Ciudadanos
—una formación liberal centrista con vocación de bisagra—, Podemos —un partido asambleario de izquierda radical con tendencia a moderarse— y otras candidaturas de unidad popular que, por ejemplo, se han alzado con los ayuntamientos de Madrid y Barcelona.

Las razones de esta severa mudanza son especialmente dos: en primer lugar, la pésima gestión que, sucesivamente, han hecho el PSOE y el PP de la gran crisis económica, que ha dejado como secuela un desempleo del orden del 25% y una desigualdad social sin precedentes en las últimas décadas (por primera vez, después de una brutal devaluación salarial, hay en España trabajadores que sobreviven por debajo del umbral de la pobreza). Y en segundo lugar, una corrupción desaforada que ha afectado a los dos grandes partidos y al nacionalismo catalán hasta extremos indecentes que sonrojan. La acción de los tribunales está siendo eficaz pero la secuela de descrédito hacia la clase política instalada ha sido irremediable.

En esta coyuntura, el PP, que consiguió acumular en las últimas elecciones autonómicas y locales de 2011 un inmenso poder político territorial, ha experimentado un dramático descenso, en tanto el PSOE, que también ha seguido perdiendo votos aunque en mucha menor cuantía, ha recuperado significativas parcelas de poder y de influencia, y se ha convertido en una opción con posibilidades de ganar las decisivas elecciones generales que se celebrarán a finales de año.

Pero entre tanto, el 27 de septiembre el Gobierno separatista catalán pretende convocar unas elecciones autonómicas anticipadas a las que quiere otorgar el carácter de “plebiscitarias”. Es decir, según su planteamiento, una victoria parlamentaria de las fuerzas secesionistas daría lugar a una declaración unilateral de independencia. Tal pretensión, manifiestamente ilegal, no llegaría muy lejos, pero el Gobierno del Estado, con Rajoy al frente, se llevaría en todo caso un nuevo revolcón: Cataluña volvería a las primeras páginas de la prensa internacional, el PP obtendría una resonante derrota en estas elecciones —en las locales recién celebradas ha alcanzado mínimos históricos en Cataluña— y el líder de “Ciudadanos”, Albert Rivera, muy implantado en Cataluña, saldría reforzado en todo el Estado, en perjuicio del PP.

En definitiva, estamos en puertas de tiempos de mayor inestabilidad en que serán necesarios los pactos y las coaliciones para formar mayorías estables. El régimen español, cuyo sistema electoral está constitucionalmente basado en criterios de representación proporcional, no ha conseguido, sin embargo, generar una cultura de alianzas, por lo que los acuerdos de Gobierno tienden a ser considerados cambalaches espurios ideados por los confabulados para repartirse el poder. Es evidente que habrán de cambiar los criterios para poder formar mayorías estables, basadas, como es natural, en programas pactados, susceptibles de ser aceptados por las partes, que por supuesto tendrán que declinar algunos objetivos.

La potente corrupción que ha padecido España en los últimos años ha generado lazos inconfesables entre el poder económico y el poder político, y ello ha hecho correr el rumor de posibles “golpes blandos” para evitar, por ejemplo, que las nuevas formaciones, que se han adueñado de grandes ciudades, frustren o dificulten ciertas operaciones urbanísticas de envergadura. Aquí no se olvida el llamado “tamayazo” de 2003, una sucia operación de compra de dos diputados en la investidura del candidato socialista a la Comunidad de Madrid que frustró la nominación y, tras otras elecciones, terminó entregando el poder a la derecha.

No parece que en las circunstancias actuales una operación de esta índole fuera posible, pero muchos ciudadanos permanecemos vigilantes, conscientes de la nula moralidad de sectores influyentes de la clase política y del gran acopio de recursos que ha tenido lugar durante el colosal latrocinio de que ha sido víctima este país durante la última legislatura. Los vientos que soplan en España, tanto en la clase intelectual como en las depauperadas y castigadas clases medias, son los de exigente regeneración ética y de reforma de las estructuras democráticas de control, que hagan imposible la reiteración de la gran decadencia moral que acabamos de padecer y que terminará produciendo un virtual cambio de régimen. Ojalá la mudanza sea para bien.

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ANTONIO PAPELL, periodista y analista político español, es autor de El futuro de la socialdemocracia (Akal, Madrid, 2012) <@Apapell>.