“Imponiendo las leyes migratorias aumentarán los salarios, ayudaremos a los desempleados, ahorraremos miles de millones de dólares y haremos seguras nuestras comunidades”. Es una de las frases que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció el pasado 28 de febrero en su primer discurso ante el Congreso.

El argumento, que parte de cuestionables suposiciones que dejan entrever una concepción extraordinariamente simple y repleta de prejuicios sobre el fenómeno de la inmigración, incurre en una pretendida pero indemostrada relación de causalidad. El presidente inicia el argumento dando por sentado que no existen leyes migratorias en Estados Unidos, extremo que es rigurosamente falso pero que le ayuda a dibujar un contexto de anomia en el que hay que intervenir poniendo orden. Establece, por tanto, un “marco” en el que desarrolla todo su discurso. Si se asume ese marco y no se matiza, quien escucha el argumento habrá entrado de lleno en su terreno.

En segundo lugar, si analizamos la declaración a contrario sensu, debemos llegar a la conclusión de que la ausencia de leyes migratorias es la responsable de los salarios bajos, la falta de ayuda a los desempleados, el gasto de millones de dólares y la inseguridad en las comunidades. Dar lo anterior por sentado implicaría incurrir en una falacia de falsa causalidad. Es decir, el presidente estadounidense establece una relación causa/efecto entre la ausencia de leyes migratorias (que ya hemos dicho que es falso) y las consecuencias que se derivan. Supone que al aprobar más leyes migratorias o normativas más estrictas serán menos los ciudadanos que entren a Estados Unidos. Y que, por tanto, como habrá menos gente entre la que repartir el trabajo, quienes lo consigan, cobrarán. Ello implica asumir que los estadounidenses están dispuestos a hacer algunos trabajos que hasta ahora no han querido porque percibían poco dinero. La suposición es, cuando menos, arriesgada. Presume, además, que las empresas no tendrán más remedio que pagar más, pero no que algunas estén dispuestas a cerrar si no pueden hacerlo.

En tercer lugar, las nuevas leyes migratorias permitirán ayudar a los desempleados. Asumir que la ausencia de leyes es la causa de la falta de ayuda (o de una ayuda insuficiente) a los desempleados nativos implica reconocer implícitamente que si no se ayuda a los desempleados (o se ayuda poco) es porque hay demasiados inmigrantes que consumen recursos del Estado. Pero el argumento es erróneo, ya que los indocumentados no reciben ayudas, y quienes tienen los papeles no son exclusivamente una fuente de gastos sino también de ingresos por vía impositiva.

En cuarto lugar, las nuevas leyes migratorias permitirán ahorrar millones de dólares. Resulta difícil de explicar cómo con menos inmigrantes se pueden aumentar las ayudas y ahorrar millones de dólares, salvo que la cantidad que supuestamente se ahorre se dedique por entero a los nacionales. Aun así, conviene no olvidar que los inmigrantes legales tienen la obligación de pagar impuestos, por lo que, si se limita la entrada, el Estado también recaudará menos.

En quinto y último lugar, las nuevas leyes migratorias permitirán que las comunidades sean seguras. Aquí encontramos la segunda suposición, preocupante por cuanto criminaliza a todos los inmigrantes (legales e ilegales), a quienes, implícitamente, responsabiliza de la inseguridad en Estados Unidos. Además, el argumento causal es, sencillamente, insostenible. Si hubiera dicho “más” seguras sí sería lógicamente admisible por una razón evidente: cuanta menos gente en una comunidad, menos probabilidad de que se cometan delitos. En todo caso, el argumento sería, además de lamentable, muy pobre porque no sólo no repara en los porcentajes de actos delictivos cometidos por inmigrantes y por nativos, sino que tampoco lo hace en la tipología y trascendencia de esos delitos. Quizá lo más inquietante es que el presidente juega con sesgos cognitivos y prejuicios muy asentados. A diferencia de lo que se pudiera pensar, el inmigrante que huye de un país inseguro lo hace para buscar, precisamente, seguridad, y conoce (mejor que ningún otro) las consecuencias que tiene para su futuro participar en actividades criminales. A diferencia de lo que se pudiera pensar, el terrorismo no es la principal amenaza del mundo. Provoca 33 mil muertos al año; el hambre, millones. A diferencia de lo que se pudiera pensar, este discurso no es una rareza en un país moderno como Estados Unidos. A este lado del Atlántico, el ultraderechista Geert Wilders quedó el segundo en las presidenciales de Holanda; Le Pen lidera las encuestas para las elecciones francesas. Y su pensamiento no es muy distinto. EstePaís

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Julio César Herrero es profesor universitario, periodista y director del Centro de Estudios Superiores de Comunicación y Marketing Político.