Para la pequeña (o quizá inexistente) fracción que sostiene que los gobernadores mexicanos deberían ser el motor para un país próspero, moderno y limpio, no ha sido una buena racha.

Una primera noticia inoportuna fue la diseminación, en mayo, del testimonio que Rolando González Treviño, antiguo asesor del exgobernador coahuilense Humberto Moreira, dio a los fiscales estadounidenses como parte de su declaración de culpable por conspirar para transferir dinero robado. Según la versión de González, que ha sido aceptada por una corte federal en Texas, Moreira fue el jefe de una estructura bien aceitada de cientos de millones de dólares ilícitos, que funcionaba dentro del PRI estatal. Moreira y sus aliados robaban dinero público para su uso personal, lo mandaba de cuentas en Banorte a cuentas en Texas (por eso el interés de los fiscales gringos), lo usaban para comprar estaciones de radio, etcétera, etcétera.

El segundo acontecimiento relevante sucedió unas semanas después, cuando Luis Armando Reynoso Femat, exgobernador de Aguascalientes, fue detenido por presuntamente no haber pagado 7.4 millones de impuestos en 2009. Gracias a su depósito de 7.8 millones de pesos, el exmandatario salió de la cárcel donde se hospedaba debido a las acusaciones.

Sería agradable pintar a Reynoso y Moreira como dos manzanas podridas y solitarias, pero no es cierto. Raros son los meses que llegan a su fin sin la diseminación de alguna noticia parecida a las anteriores.

Sobran otros ejemplos: Arturo Montiel, Eugenio Hernández, Tomás Yarrington y muchos otros exgobernadores han desprestigiado su oficina y arruinado su reputación a través de sus presuntos actos de corrupción. En fin, si me disculpan la generalización, los gobernadores son unos incorregibles.

En una columna reciente, Yvonne Melgar dijo que todo eso es producto de la caída del PRI y, con ello, el fin del sistema presidencial como había existido desde finales de la Revolución. Indudablemente la elección de Fox y la alternancia de partidos en los Pinos ha otorgado más poder a los gobernadores, pero la criminalidad entre políticos mexicanos no es una cosa nueva. Nada más en los años 90 podríamos mencionar los casos de Sócrates Rizzo, Dante Delgado y, por supuesto, Mario Villanueva como antecedentes más obvios a las situaciones actuales de Moreira, Reynoso y varios más.

No hay una solución institucional. Los gobernadores tienen un poder enorme dentro de sus feudos por costumbre y porque el sistema cree que lo tienen. No es irremediable, pero es complicadísimo alterar métodos de interacción que llevan décadas en existencia. Además, cualquier medida para acorralar a los gobernadores como grupo y restarles poder político, aparte de ser inviable políticamente ya que los gobernadores suelen controlar a los congresistas de su estado, simplemente daría la misma autonomía a otro grupo de funcionarios.

El problema de fondo es una cuestión de la cultura política, y las culturas cambian lentamente.