Ariel Ruiz Mondragón: ¿Cómo adquiere relevancia el tema de los derechos humanos en la agenda mexicana?

Miguel Carbonell: El tema de los derechos humanos toma auge a partir de la década de los noventa del siglo pasado. En realidad viene a ser un producto de la transición democrática que ha vivido el país en años recientes. México pasó, en menos de 30 años, de ser un país gobernado por un partido casi único (o en todo caso hegemónico) a generar un sano pluralismo que impactó en buena parte del territorio nacional. Hoy tenemos un sistema electoral que permite altos grados de certeza en la celebración de las elecciones y en el recuento de los votos. El pluralismo político parece haber llegado para quedarse y las elecciones muy reñidas son cada vez más la regla y menos la excepción. El afianzamiento de la institucionalidad electoral no ha sido fácil y de hecho ha tenido que transitar por prolijas reformas constitucionales y legales que han cambiado por completo las formas de la competencia política y las vías para arreglar los desacuerdos que de ella derivan. Eso no quiere decir que la competencia electoral sea perfecta y que no haya prácticas tramposas entre los contendientes, pero las condiciones del debate político son hoy en día muy distintas a las que existían hace unas décadas. Otro factor de la mayor relevancia para comprender el surgimiento del tema de los derechos humanos dentro de la agenda pública nacional tiene que ver con el creciente proceso de globalización que ha vivido México. Se trata de una transformación que se expresa en el terreno económico, financiero, mediático y hasta cultural, y que sin duda tiene también impactos en el ámbito jurídico. El reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es algo que ha ayudado mucho al país y nos ha obligado a atender estándares internacionales de protección de derechos: los juristas mexicanos han tenido que dirigir su mirada hacia las normas del derecho internacional y han ido aprendiendo a trabajar no solamente con la jurisprudencia de los tribunales nacionales, sino también con los criterios jurídicos interamericanos. Eso es algo muy positivo y enriquecedor que se tiene que seguir promoviendo entre las más jóvenes generaciones de abogados mexicanos. Es mucho lo que se puede y se debe aprender de la jurisprudencia interamericana. Un tercer factor que contribuye a explicar el sitio de los derechos humanos en el debate público nacional tiene que ver con las nuevas formas de aprendizaje y difusión del derecho. Esto se comprende si se considera que cada vez ha ido teniendo más influencia una nueva generación de juristas que comenzaron a trabajar a partir de esquemas de comprensión jurídica de índole internacional y que supieron dejar atrás los paradigmas domésticos que resultaban insuficientes para entender, desde una óptica moderna, el contenido y alcance de los derechos humanos. Esto permitió remover una parte del discurso jurídico (pero no todo, por desgracia), una serie de prejuicios de corte equívocamente nacionalista, para avanzar hacia un fértil diálogo con el derecho internacional y con la mejor doctrina de otros países. En suma, existen buenas razones para suponer que la transición democrática, el creciente proceso de globalización y el avance de una forma distinta de comprender el derecho constituyen elementos que explican el surgimiento del tema de los derechos humanos.

¿Cuál es la relevancia de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011?

Es la más importante que ha tenido la Constitución mexicana en la materia. Aunque no es perfecta, se trata de un impulso modernizador muy apreciable que nos sitúa en una postura más vanguardista que la que teníamos antes de su promulgación. La reforma toca aspectos medulares para nuestra comprensión de los derechos humanos. Por ejemplo, la denominación del Capítulo I del Título Primero de la Constitución cambia, dejando atrás (al menos en parte) el anticuado concepto de “garantías individuales”. A partir de la reforma se llama “De los derechos humanos y sus garantías”. La expresión “derechos humanos” es mucho más moderna que la de garantías individuales y es la que se suele utilizar en el ámbito del derecho internacional. Otras novedades que trae consigo la reforma consisten en que el artículo primero constitucional, en vez de “otorgar” los derechos, ahora simplemente los “reconoce”. A partir de ella se admite que toda persona “goza” de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. La Constitución se abre de forma clara y contundente al derecho internacional de los derechos humanos, demostrando de esa manera una vocación cosmopolita muy apreciable. A partir de la reforma, se señala en el párrafo tercero del artículo primero la obligación del Estado mexicano (en todos sus niveles de Gobierno, sin excepción) de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta forma queda claro que todo derecho humano “reconocido” por la Constitución y los tratados internacionales genera obligaciones para las autoridades mexicanas, con independencia del nivel de Gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa bajo la que estén organizadas. Esas son algunas de las principales novedades que trae consigo la reforma.

¿Cómo se relacionan esos cambios con otras importantes reformas, como la de seguridad y justicia de 2008?

Algo se rompió a partir del año 2006, cuando los índices de homicidio a nivel nacional comenzaron a incrementarse hasta llegar, en 2011, a un nivel que supone una regresión de dos décadas, y la población no ha parado de exigir que se arregle. Los datos de muchas encuestas permiten afirmar que el tema de la seguridad pública representa hoy la principal fuente de preocupación de los mexicanos. Como un principio de respuesta a ese grave problema, el poder reformador de la Constitución introdujo lo que puede denominarse una reforma integral al procedimiento penal mexicano. En efecto, a través de la reforma publicada el 18 de junio de 2008 se ofrece una perspectiva renovada de todas y cada una de las etapas de lo que algunos han llamado el “drama penal mexicano”. La reforma toca aspectos vinculados con la policía, con el Ministerio Público, con la forma de realizar los juicios y con las cárceles. Su puesta en marcha, que en los primeros años ha caminado con una lamentable lentitud tanto a nivel federal como en un buen número de entidades federativas, representa el esfuerzo más integral y profundo de cambio institucional que se ha emprendido en materia penal en toda la historia del país. Nunca ha habido un proyecto de reestructuración de todo el procedimiento penal tan profundo como el que está diseñado en la reforma de junio de 2008. Naturalmente, al tener un mejor procedimiento penal protegemos también los derechos humanos de todos los involucrados: víctimas, procesados y autoridades. De hecho, la mejor prueba de la situación de los derechos humanos en un país es el ámbito penal: ahí es donde se puede verificar si el discurso sobre los derechos va o no va en serio. En México, la reforma de 2008 aspira a transformar a fondo ese ámbito desde la perspectiva de proteger los derechos de todos, con especial énfasis (inédito en la historia jurídica del país) en los derechos de las víctimas.

En términos prácticos, ¿cuáles han sido las consecuencias y logros más importantes de la reforma?

Los cambios más relevantes se han dado en dos sectores muy concretos: la tarea de la Suprema Corte como órgano protector de derechos humanos y la cultura jurídico-política alrededor de los derechos humanos. La Suprema Corte ha desarrollado con mucha energía los contenidos de la reforma (aunque no sin alguna decisión francamente regresiva) a partir del uso de criterios de interpretación como el principio pro persona o de interpretación conforme. Además, ha apoyado la apertura del sistema jurídico hacia el derecho internacional de los derechos humanos al recoger en México el fallo del caso “Rosendo Radilla Pacheco”, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (el criterio de nuestra Corte está contenido en el Expediente Varios 912/2010), que ha llegado a considerar que los tratados internacionales que contienen derechos humanos tienen rango constitucional y que la jurisprudencia interamericana es obligatoria para las autoridades mexicanas (ver la sentencia de la Contradicción de Tesis 293/2011). Respecto a la cultura jurídico-política, cabe resaltar la centralidad que el debate sobre los derechos humanos ha tomado en el país. Las manifestaciones y críticas al Gobierno por los casos de los 43 normalistas de Ayotzinapa y por las ejecuciones forzadas de Tlatlaya lo demuestran. Hoy en día los derechos humanos sirven como parámetro para poder valorar una gestión de Gobierno y nos ofrecen a la vez una serie de indicadores objetivos para medir la calidad de vida que tenemos. Hace unas décadas esto hubiera sido impensable. En las escuelas y facultades de derecho el cambio también ha sido notable, ya que la reforma de 2011 ha obligado a muchos profesores a actualizarse y ofrecer a sus alumnos una visión más moderna de los derechos humanos. Eso ha impactado no solamente en el ámbito constitucional, sino también en el derecho penal, civil y hasta fiscal. En otros terrenos los avances han sido mínimos. Particularmente decepcionante ha sido el papel de los legisladores, que han dejado pasar casi cinco años sin haber dictado varias de las leyes de desarrollo que ordena la reforma constitucional. De igual forma, en el ámbito del Poder Ejecutivo federal el desprecio por los derechos humanos ha sido manifiesto. Se les ha utilizado solamente como elemento de propaganda gubernamental, sin que se haya realizado un esfuerzo serio de defensa y garantía efectiva. Eso sí, con el pretexto de los derechos humanos muchos funcionarios públicos peregrinan (con todos los gastos pagados) hasta Nueva York, Ginebra o Washington con mucha frecuencia. Cualquier excusa es buena para hacer turismo burocrático. En ello nos gastamos millones de pesos cada año, con resultados bastante cuestionables. En el ámbito de las entidades federativas y de los municipios el desdén es todavía mayor. Para los gobernadores y presidentes municipales los derechos humanos no existen, o acaso solamente como un obstáculo para realizar su tarea. No hay, en esos niveles de Gobierno, ni la comprensión ni el compromiso que se requieren en la materia. Se trata de un terreno abandonado por completo.

En los aspectos constitucional y legal, ¿cuáles son los principales pendientes en materia de derechos humanos?

A partir de la publicación de la reforma constitucional de derechos humanos comenzó una tarea inmensa de difusión, análisis y desarrollo de su contenido. Es una tarea que corresponde hacer tanto a académicos como a jueces, legisladores, integrantes de los poderes ejecutivos, comisiones de derechos humanos y a la sociedad civil en su conjunto. La reforma debe considerarse como un punto de partida y no como un punto de llegada. La Constitución, por mejor redactada que esté, no puede cambiar por sí sola una realidad de constante violación a los derechos. Nos corresponde a todos emprender una tarea que se antoja complicada, pero que representa hoy en día la única ruta transitable para que en México se respete la dignidad de todas las personas que se encuentran en su territorio. De ahí que, además de ser una tarea inmensa, sea también una tarea urgente e indeclinable. La reforma de junio de 2011 debe suponer un poderoso incentivo para que los derechos fundamentales desplieguen todo su potencial, pues permite proyectarlo hacia el quehacer legislativo, administrativo y judicial. El gran reto que ahora se presenta es aplicativo: los abogados mexicanos deben capacitarse a fin de conocer debidamente el contenido del artículo primero (y de los demás preceptos que contienen derechos humanos, como es obvio). A partir de dicho conocimiento debemos esperar que se enriquezcan los argumentos que formulan los abogados en sus demandas, los jueces en sus sentencias, las comisiones de derechos humanos en sus recomendaciones e incluso los académicos en sus libros y artículos. Ojalá que así sea y podamos entre todos aprovechar al máximo el contenido de una reforma que, sin duda alguna, se encuentra entre las más importantes que se han hecho a nuestra Carta Magna. En cuanto a temas concretos en los que hay un enorme campo de oportunidad para mejorar, sin duda se encuentran las cárceles (verdaderos territorios salvajes dentro de nuestro país, completamente ajenos en muchos casos a cualquier tipo de regulación jurídica); la protección de los derechos de las mujeres (más de una de cada tres mujeres en México ha sido o será víctima de violencia física a manos de su pareja); el derecho a la salud (el servicio público de salud en el país está muy por debajo de la calidad que debería tener de acuerdo a los indicadores internacionales); el derecho a la educación (nuestros niños reciben una educación que simplemente no los prepara para tener éxito personal y profesional en el siglo XXI), y el gran tema olvidado de los migrantes, que ningún partido político ha querido poner en sus promesas de campaña (tal parece que los migrantes no existen, cuando lo cierto es que sufren vejaciones incontables en su paso por territorio mexicano para realizar su sueño de vivir en Estados Unidos).

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Ariel Ruiz Mondragón es editor. Estudió Historia en la UNAM y ha colaborado en revistas como Metapolítica, Replicante y Etcétera.