Durante los últimos cuantos años han salido varios esfuerzos legislativos dedicados a frenar la impunidad de los gobernantes mexicanos. En 2014, por ejemplo, se aprobó una reforma que limitó el fuero militar. Gracias a ello, los soldados que abusen de civiles pueden ser procesados en el sistema civil, que es mucho más transparente y menos favorable para los militares. Hace unas semanas, el Senado aprobó una propuesta para incrementar las penas que sufren los agentes del Estado que son culpables de tortura. Y han salido un sinfín de propuestas para leyes anticorrupción, todos con el propósito de fortalecer la ley, sea a través de castigos más duros o con el fin de encontrar algún hueco legal.

Todos aquellos esfuerzos son loables, y, teóricamente, un mayor nivel de monitoreo y castigo para los agentes del estado es una ilustración de un México más moderno. Sin embargo, la impunidad oficial sigue siendo un gran reto, a pesar de estos cambios innumerables. Resulta que los gobiernos se hacen no solamente de leyes, sino de individuos también, y ahí está el problema. Es decir, México puede implementar todas las reformas perfectas para acabar con la impunidad, pero si los encargados de implementarlas no son confiables y competentes, entonces no importa mucho.

Un buen ejemplo de la importancia de la actuación del individuo es la exoneración de tres soldados implicados en el presunto masacre de 22 personas en Tlatlaya el junio de 2014. El juez responsable por la liberación de los elementos militares efectivamente echa la culpa a la PGR por utilizar evidencias dudosas contra los acusados. Así pues, contradice tanto el reportaje que originalmente estalló el escándalo como la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que salió unos meses después.

 Evidentemente, alguien metió la pata. O la PGR fue criminalmente incompetente, incapaz de construir un caso robusto a pesar de tener a su disposición todas las pruebas que quisiera, o el juez quería hacer caso omiso a éstas mismas por razones desconocidas. Ambas explicaciones disgustan. Y hasta el momento, parece que este crimen va a quedar impune. Los aparatos del sistema judicial son incapaces de castigar hasta un crimen horroroso, que ha provocado una ola de atención internacional, cometido en nombre del estado.

Pero los elementos relevantes contaban con todas las herramientas legales para sancionar esta masacre. Las ejecuciones sumarias son ilegales en México, y no hacían falta más leyes. Lo que hace falta es la voluntad dentro del gobierno, de los hombres y mujeres que tienen en sus manos el poder de castigar abusos oficiales. Nada más no quieren. Y Tlatlaya es un ejemplo especialmente espantoso, pero no es el único. La falta de ganas de actuar en un caso célebre deja la sensación que habrá menos interés aún en los casos menos famosos.