La semana pasada, Proceso reportó sobre los movimientos en el caso contra el ex-gobernador de Coahuila y ex-presidente del PRI, Humberto Moreira. Es posible que también sea ex-amigote del presidente, pero no me consta; puede que sigan siendo cuates. En todo caso, una de las novedades de este reporte es que no son investigadores mexicanos al centro, sino sus contrincantes estadounidenses y españoles:

 El gobierno de España autorizó que fiscales estadounidenses interroguen al mexicano Juan Manuel MunozLuévano El Mono Muñoz, cuya extradición aún está por resolverse en este país. El empresario oriundo de Matamoros, Tamaulipas, enfrenta seis acusaciones ante la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, cuatro de ellas por conspirar para poseer y distribuir cocaína en Estados Unidos, una más por posesión de armas de fuego y la última por transacciones financieras ilícitas producto del tráfico de drogas... Por esos delitos podría hacerse acreedor a cuatro cadenas perpetuas y a otras dos penas por 20 años, explica una fuente de la investigación que, paralelamente, se le sigue en España por blanqueo de capitales y pertenencia a Los Zetas, en la causa 25/2014 abierta en la Audiencia Nacional, que antes llevó a prisión al exdirigente nacional del PRI Humberto Moreira.

Es difícil de imaginar un gobernador con una lista más larga de pecados que Humberto Moreira. Según documentos judiciales de la corte federal en Texas, efectivamente Moreira armó un esquema delictivo dentro de su gobierno, en que él y varios subordinados trataron su puesto como una piñata llena de dólares. 

Con más precisión, Moreira está acusado de lo siguiente: robar dinero directamente de las cuentas del estado; recibir, junto con sus subordinados, sobornos de empresas mineras que realmente fueron pantallas de los Zetas; otorgar contratos a cambio de sobornos; y su error clave, ya que le dio a la fiscalía federal de Texas la autoridad legal de investigar a él y a su equipo, fue presuntamente reunirse con sus cómplices en Texas para discutir sus actividades y lavar su dinero mal ganado en bancos del mismo estado.

Él facilitó la expansión de los Zetas por todo el estado de Coahuila durante su mandato, cosa que generó muchísima violencia en Saltillo, Torreón, Piedras Negras, Monclova, y otras zonas metropolitanas. Además, Moreira incrementó la deuda del estado por un factor de 100 en apenas cinco años. Cuando llegó a la gubernatura en 2005, Coahuila contaba con una deuda total de 24 millones de dólares; en 2010, ya se había rebasado los 2.4 mil millones de dólares. Este incremento representa una carga bárbara para los coahuilenses en cualquier caso, pero está peor aún ya que dejó mucho más margen a Moreira y a los suyos para desviar mucho más dinero que pertenece al estado.

En fin, Moreira fue un desastre, el peor paradigma del dinosaurio priísta. No era secreto en México; los rumores sobre sus vínculos con el crimen organizado corrían por todo el estado desde los primeros días de su gestión. Su mal manejo de la deuda estatal lo obligó a renunciar a la presidencia del PRI en 2011, efectivamente acabando con su carrera política hace más que cuatro años. 

Llama la atención que, pese a la reputación de Moreira y la cola de pruebas que dejaban sus actividades, la retribución legal contra el ex-gobernador ha venido desde afuera, y que ha venido tantos años después. En enero, Moreira se encontraba tras rejas en España. Una gran parte de sus aliados, incluso su tesorero Héctor Javier Villarreal Hernández y el empresario mediático Rolando González Treviño, se encuentran bajo la lupa de la justicia estadounidense en Texas.

¿Por qué no hizo más México al respecto? ¿Por qué Moreira no se encuentra tras rejas en su propio país, donde, según las acusaciones, robo de sus propios ciudadanos? ¿Por qué se ha requerido el outsourcing del estado de derecho? 

Una gran parte de la respuesta tiene que ser que los fiscales competentes en México no tenían la voluntad para atacar la corrupción política, aún en un caso tan obvio e infame como fue el de Moreira en Coahuila. Casi dos décadas después del arresto de Mario Villanueva, el caso de Moreira parece indicar que el país no ha avanzado suficiente en este respecto, pese a la apertura política. 

Claro, hay varios casos contrarios, como el de Luis Reynoso, ex-gobernador de Aguascalientes condenado hace un mes a pasar dos años en la cárcel por peculado; o de Andrés Granier, ex-gobernador tabasqueño que enfrenta varios procesos en su contra. No hay impunidad absoluta, ni nada cerca, y deberíamos evitar conclusiones demasiado generalizadas. 

Pero la impunidad de Moreira es una vergüenza, más aún por sus vínculos con el presidente. Otro ejemplo de que México depende de países extranjeros para castigar crímenes cometidos por mexicanos dentro de México. Lejos de una realidad ideal.