Mientras la justicia estadounidense y la oposición demócrata trabajan para esclarecer el fondo de la relación entre Donald Trump y el gobierno ruso, con mucha menos atención, el flamante presidente ha iniciado un ataque frontal contra una de las normas más importantes de la vida pública estadounidense.

Desde hace décadas, hay un fuerte tabú contra los políticos que explotan su puesto para su beneficio personal. Por eso los legisladores están obligados a hacer declaraciones detalladas sobre sus bienes. Por eso los políticos con intereses particulares suelen colocar sus bienes en un fondo de inversión o en un fideicomiso controlado por un desconocido, quien no tiene conocimiento de la composición de sus inversiones.

Y entre más importante el puesto, más importante ha sido esta separación entre lo público y lo privado. Por eso los candidatos a la presidencia publican sus declaraciones impositivas, aunque no sea un requisito formal, para que los votantes tengan un retrato completo sobre su perfil profesional.

Estas exigencias forman parte de una cultura política que premia la honestidad. La existencia de esta cultura es mucho más importante que las reglas específicas: más que imponer un estándar legal, la cultura establece expectativas de comportamiento que permean el sistema político. No es perfecta ni mucho menos absoluta; el tráfico de influencia en Washington es una industria completamente legal que vale miles de millones de dólares, y sobran ejemplos de congresistas utilizando información privilegiada para su beneficio personal. Pero sí se exige un cierto nivel de conducta, lo que separa al gobierno estadounidense de sus pares en Kazakstán o en Argentina, por ejemplo.

Sin embargo, en menos que tres meses, Donald Trump ha hecho más para minar esta cultura de rectitud que cualquier otra figura en la historia moderna de su país. Nunca antes, en los tiempos modernos, se ha visto un presidente que mezcle sus intereses empresariales con las exigencias de su trabajo.

Al principio de su mandato, Trump rehusó los llamados para poner sus bienes en un fideicomiso ciego. Al contrario de las expectativas típicas, no estableció una estructura ajena de él mismo, sino que otorgó el control de sus empresas a sus dos hijos. Claro, no tenemos cómo saber que Trump no sigue dirigiendo sus empresas a través de sus hijos. Además, el hecho de que sean dirigidas por sus familiares quiere decir que cualquier gobierno extranjero o interés particular tiene una vía fácil para otorgar favores al presidente: ofreciéndoles negocios jugosos a los hijos que operan bajo su nombre.

Esto no es una preocupación abstracta; al parecer, los demás países están utilizando las empresas de Trump y de sus asesores para acumular influencia con el gobierno estadounidense.

Veamos el caso de Trump y los chinos. Durante años, y sobre todo durante la campaña presidencial, China ha sido una referencia constante de los países que vieron a Obama con la cara de frente. Según Trump, los chinos robaron empleos americanos, minaron la seguridad en Asia, mantuvieron su moneda artificialmente barata (con tal de alentar sus exportaciones), etcétera. Para China, un presidente con ideas tan hostiles representa un problema.

Semanas después de su toma de protesta, China otorgó a Trump el derecho exclusivo de sacar productos bajo su nombre dentro del mercado más grande del mundo. Trump había buscado tal derecho, que vale millones de dólares, durante varios años, sin éxito, y apenas ascendió a un puesto donde podría causarles mucho daño a los chinos y de golpe es el beneficiario de una decisión que lo favorece. Desde luego, huele muy raro todo esto y no sería posible si Trump, verdaderamente, se hubiera separado de sus negocios.

Y no es el único caso. La familia de Jared Kushner, su yerno y uno de sus asesores más importantes, está considerando una inversión de 400 millones de dólares de Anbang Insurance Group, una aseguradora china con amplias conexiones políticas, en un rascacielos neoyorquino. Además, la inyección de capitales chinos se hizo con base en una valuación exagerada del edificio. Kushner tampoco puso sus bienes en un fideicomiso ciego, sino que los “vendió” a sus familiares. ¿Podría ser esto otra forma de ablandar a Trump para el régimen chino? Por supuesto.

Estos casos, y muchos más, por todo el mundo (véase las inversiones provenientes de Rusia, o la aprobación de las marcas Trump en México, hace unas semanas), representan una especie de soborno. Además, un presidente que percibe un beneficio particular de un gobierno extranjero viola la constitución, pero tristemente no hay forma de que un Congreso republicano obligue al presidente a cumplir con las exigencias de la magna carta.

Sobran otros ejemplos de cómo Trump quiere facilitar la corrupción. Ha buscado implementar un sinfín de reformas al Poder Ejecutivo que minarían la cultura de limpieza. Varios nombramientos suyos tienen graves conflictos de interés. Trump corrió a 46 fiscales federales, un puesto de muchísimo poder para investigar la corrupción, incluso uno que estaba investigando a su secretario de salud por la posible compraventa ilegal de acciones mientras estaba en el Congreso. Al parecer está promoviendo un plan para correr a los inspectores internos de los departamentos federales, otros vigilantes importantes contra la corrupción.

El espacio limitado no me permite seguir, pero el mensaje claro de todo esto es que Trump quiere la impunidad para él mismo y para sus aliados más cercanos. Si consigue este objetivo, representaría un grave deterioro en la cultura de rectitud y un golpe a la fundación de la ética política del país.